Un siniestro marítimo de proporciones extraordinarias encendió las máximas alarmas en el sector del comercio exterior argentino y en las cadenas de abastecimiento industrial de la región central del país. En aguas abiertas del Atlántico Sur, a unos 1.700 kilómetros al este de Río de Janeiro, el buque portacontenedores de gran porte MV Espirito Santo Express sufrió un incendio de magnitud que forzó la evacuación total de sus tripulantes, dejando a la enorme estructura a la deriva y abriendo una profunda incertidumbre sobre el destino de miles de contenedores que tenían como parada final la terminal de Buenos Aires.
El episodio, calificado por los operadores logísticos como un golpe directo a la logística internacional sudamericana, se desató en plena navegación cuando los sensores del buque identificaron columnas de humo que rápidamente dieron paso a un voraz incendio originado en la carga estibada en la bodega de proa, según precisó el reporte oficial de la firma Seaspan Ship Management Ltd., administradora técnica de la nave.
El buque en cuestión, botado en 2018 bajo el registro IMO 9793923, cuenta con una capacidad nominal de transporte de 11.800 TEU (unidad equivalente a un contenedor de veinte pies) y operaba bajo contrato de fletamento de la naviera Hapag-Lloyd, dentro de un servicio consorciado con la compañía Ocean Network Express (ONE) y con bodega compartida con cargamentos de la firma Mediterranean Shipping Company (MSC). Al momento de declararse la emergencia, los reportes operativos confirmaron que la nave se encontraba navegando con su capacidad de carga totalmente cubierta.
La gravedad del foco ígneo tornó incontrolable el combate interno del fuego y obligó al capitán a emitir una señal de auxilio internacional para ordenar el abandono del barco. La llamada de socorro fue respondida por embarcaciones comerciales que navegaban en el cuadrante, entre ellas el granelero Aeolian Arrow, cuyos marineros lograron rescatar con vida a 28 tripulantes. Sin embargo, el dramatismo del operativo marítimo se cobró una víctima fatal: el primer oficial de la embarcación siniestrada perdió la vida durante las complejas maniobras de evacuación en medio del oleaje oceánico. En las últimas horas, remolcadores y equipos de salvamento marítimo de alta complejidad lograron dar alcance al gigante de acero para emprender las tareas de enfriamiento, combate de las llamas y estabilización náutica.
El impacto sobre el mercado argentino es directo y de consecuencias comerciales millonarias. La embarcación cubría una de las rutas marítimas más transitadas del intercambio global, uniendo los complejos portuarios asiáticos de Busan, Shanghái, Ningbo, Shekou, Hong Kong y Singapur con la costa este sudamericana. Su derrotero contemplaba desembarcos en muelles de Brasil, Montevideo y la dársena del puerto de Buenos Aires, el punto neurálgico a través del cual ingresan componentes industriales, bienes intermedios, insumos químicos, maquinaria y productos de consumo masivo que nutren a las empresas y pymes de Santa Fe, Rosario y el Cordón Industrial.
La realidad indica que una gran cantidad de importadores argentinos con órdenes de compra activas en ese embarque probablemente desconozcan todavía que sus mercaderías quedaron atrapadas en medio del Atlántico. Por el momento, la información sobre el nivel de afectación o destrucción de las cargas es completamente nula. Desde la naviera Hapag-Lloyd transmitieron a sus clientes corporativos que la magnitud integral del desastre permanece bajo rigurosa evaluación técnica y que resulta materialmente imposible certificar el estado o la integridad de contenedores individuales hasta que los peritos y rescatistas aseguren la nave e ingresen a las bodegas.
Además de las demoras logísticas inevitables y las pérdidas materiales directas, el caso anticipa un escenario legal sumamente complejo bajo la figura del Derecho Marítimo conocida como Avería Gruesa. En caso de declararse formalmente este instituto ante los cuantiosos costos de salvataje desplegados en altamar, todos los propietarios de las cargas rescatadas deberán participar económicamente de las erogaciones extraordinarias para poder liberar sus contenedores, configurando un verdadero dolor de cabeza administrativo y financiero para las empresas que esperaban su mercadería en las costas del Río de la Plata
