En las horas previas a que el Jurado de Enjuiciamiento votara la histórica destitución de Gastón Salmain al frente del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, una causa penal conexa por presunto lavado de activos aceleró sus tiempos sobre el entorno más estrecho del ahora exmagistrado. Por disposición del juez federal Aurelio Cuello Murúa, las fuerzas de seguridad avanzaron de manera directa sobre su excónyuge, María Victoria Pagola, en un doble procedimiento que incluyó la requisa de su teléfono celular y la apertura forzosa de una caja de seguridad bancaria con miles de dólares en efectivo.
El primer operativo se concretó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las inmediaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería). Allí, los efectivos interceptaron a Pagola en la vía pública cuando salía de cumplir funciones como empleada de la cartera diplomática para requisarla e incautarle su dispositivo móvil, considerado una prueba técnica elemental para reconstruir llamadas, transferencias y eventuales redes de encubrimiento. En paralelo, una comitiva judicial allanó una caja de seguridad a su nombre en la sucursal Plaza de Mayo del Banco de la Nación Argentina, logrando inmovilizar y decomisar 59.000 dólares billete.
La ruta del blanqueo y los 250 mil dólares bajo sospecha
La intervención sobre los bienes de Pagola no responde a un hecho fortuito, sino al avance de un expediente donde se investiga una maniobra de blanqueo de capitales por un monto global estimado en 250.000 dólares que la mujer habría intentado exteriorizar.
La hipótesis que sostienen los investigadores judiciales es que ese patrimonio carece por completo de justificación comercial o de ingresos lícitos propios, apuntando a que se trataría de fondos espurios originados en las mismas maniobras de cohecho y corrupción por las que Salmain fue eyectado de su cargo, puntualmente el cobro de sobornos a cambio de medidas cautelares favorables. El peritaje informático sobre el teléfono secuestrado y el análisis contable sobre el dinero incautado buscarán delimitar si la expareja operó como una persona interpuesta o testaferro para canalizar el dinero negro que circulaba en el juzgado rosarino.
El Estado como refugio: el árbol genealógico del poder en Rosario
Más allá de la gravedad procesal que envuelve al dinero secuestrado, el operativo sobre Pagola volvió a correr el velo sobre una práctica estructural que atraviesa a los tribunales federales y provinciales: la colonización de la estructura pública por parte de los círculos íntimos de los magistrados. Cada vez que una causa penal salpica a un juez y toma estado público, la nómina estatal revela que los lazos familiares suelen estar financiados directamente por los contribuyentes. En el caso de Salmain, su exesposa figura nombrada en la planta de Cancillería; pero el esquema adquiere ribetes todavía más obscenos al repasar el caso de Marcelo Bailaque, el otro juez federal de Rosario caído en desgracia.
Bailaque, actualmente detenido e imputado por dádivas y connivencia con el crimen organizado, erigió un verdadero feudo familiar dentro de la administración pública: su esposa logró un codiciado nombramiento en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, mientras que sus propios hijos consiguieron ingresar a trabajar en distintos despachos de la estructura judicial.
La trama de favores cruzados de Bailaque no se limitó al árbol genealógico directo, sino que llevó el nepotismo a su máxima expresión: el magistrado designó y cobijó en su juzgado al hijo de Gabriel Mizzau, su contador personal y el mismo profesional contable que administraba las empresas pantalla del capo narco Esteban Lindor Alvarado. Una promiscuidad de cargos, sellos oficiales y sueldos públicos que demuestra que, detrás del discurso de la meritocracia judicial, los tribunales siguen funcionando como una agencia de colocaciones privilegiada para los mismos apellidos de siempre.
