La contratación de servicios de seguridad privada en el polo agroexportador más grande del mundo se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza jurídico y operativo para las industrias. Lejos de ser un trámite comercial mediante licitaciones transparentes, el recambio de una empresa de vigilancia detona sistemáticamente un conflicto sindical orquestado por SUTRAVIP (Sindicato Único de Trabajadores de Vigilancia Privada).
La metodología es repetitiva y genera enorme incertidumbre jurídica: si una terminal decide prescindir de su actual empresa de seguridad y contrata a una nueva agencia para mejorar costos o servicios, el gremio amenaza con bloqueos en los portones hasta lograr que la empresa ganadora de la licitación absorba al 100% del personal de la agencia saliente, manteniendo su antigüedad.
El caso Molinos Agro: “Hay que tirar dos cauchos”
Actualmente, el epicentro de esta modalidad es la planta de Molinos Agro en la ciudad de San Lorenzo. La compañía decidió licitar el servicio y reemplazar a la empresa de seguridad “Alfa”. Ante esto, SUTRAVIP activó su estado de alerta para forzar a la nueva firma a absorber a sus 42 vigiladores.
En una reciente entrevista radial brindada en Puerto General San Martín, el Secretario Adjunto del gremio blanqueó abiertamente la táctica: “Nos encontramos en una etapa de licitación y cambio de la empresa de vigilancia. Lo que estamos tratando de hacer es que no se pierda ninguna fuente laboral de los compañeros que tienen muchos años de antigüedad”.
Al ser consultado sobre el derecho de la nueva agencia a contratar a su propio personal para abaratar costos e ingresar en un nuevo marco laboral, el dirigente gremial fue tajante y admitió el uso de la fuerza como herramienta de negociación: “A nosotros nos tildan de malos. Sin embargo, hacemos todos los pasos que tenemos que hacer, pero hasta que uno no le tira dos cauchos (gomas quemadas) en la puerta, no se sientan. Tenemos que llegar a eso”.
Titulares ruidosos, bloqueos y Gendarmería
Esta modalidad de apriete no es un caso aislado. La estrategia está encabezada por el Secretario General del gremio, Cristian Rodríguez, quien utiliza sistemáticamente los medios de comunicación locales para lanzar advertencias temerarias y generar titulares ruidosos del estilo: “Si no hay arreglo, bloqueamos todo”.
En la práctica, estas declaraciones mediáticas no responden a una defensa gremial tradicional, sino que funcionan como un mecanismo de presión netamente extorsivo para doblegar la voluntad de las empresas contratantes.
El antecedente más inmediato y peligroso ocurrió hace apenas unas semanas, cuando SUTRAVIP aplicó la misma receta contra las plantas fraccionadoras de gas de la región. El reclamo era similar y la escalada de tensión y la amenaza de desabastecimiento fue tal que obligó al Ministerio de Seguridad de la Nación a movilizar a cientos de efectivos de Gendarmería Nacional para custodiar los portones, garantizar el libre tránsito y evitar la paralización del servicio.
La trampa de la “solidaridad laboral”
Detrás del argumento sindical de la “defensa de los puestos” se esconde un gravísimo riesgo legal para las industrias del Cordón. El modelo que impone SUTRAVIP —donde los vigiladores quedan fijos en el objetivo independientemente de la agencia tercerizada que gane la licitación— desvirtúa por completo el concepto de subcontratación.
En la realidad operativa, los vigiladores terminan convirtiéndose, por defecto, en empleados de la compañía contratante (la terminal agroexportadora, petroquímica o de gas). Esto abre la puerta a un altísimo riesgo de litigiosidad: ante cualquier eventual despido, las demandas recaen indefectiblemente sobre la industria dueña del predio bajo la figura legal de la responsabilidad solidaria.
Esta maniobra anula la libre competencia. Las nuevas empresas de seguridad que llegan al Cordón Industrial se ven imposibilitadas de conformar sus propios equipos de confianza y se ven obligadas a heredar pasivos laborales y plantillas envejecidas para evitar que SUTRAVIP paralice el ingreso de camiones con la quema de cubiertas. El gremio ya impuso esta metodología en la terminal de Timbúes, sentando un precedente que las áreas legales de las empresas observan con extrema preocupación.
