Los tres imputados por el crimen de Sofía Delgado continuarán detenidos por otros 120 días. Así lo resolvió el juez penal Romanini durante una audiencia realizada en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, en la que el bloque acusador solicitó una prórroga extraordinaria de la prisión preventiva de los acusados Bevilacqua, Mordini y Baumann.
El pedido fue impulsado por el fiscal Carlos Ortigoza y acompañado por la querella, que representa a los hermanos de la víctima y está encabezada por el abogado Gabriel Filippini, junto a Laura Maderna. Pese a la oposición de las defensas, el magistrado hizo lugar al planteo y dispuso extender las medidas cautelares por 120 días.
Entre los argumentos expuestos por la acusación se mencionaron la complejidad de la investigación, las pruebas reunidas, las presuntas alteraciones de la escena del crimen, los posibles entorpecimientos probatorios y los riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga. También se hizo referencia a la gravedad de los hechos atribuidos y a las penas de cumplimiento efectivo que podrían corresponder en caso de una condena.
Durante la misma audiencia, la querella solicitó nuevas medidas probatorias que considera fundamentales para completar la investigación y avanzar hacia el juicio oral y público, que, según adelantaron, se desarrollará bajo la modalidad de juicio por jurados.
El planteo de la querella
Tras la resolución, el abogado Gabriel Filippini destacó la importancia de la decisión judicial y vinculó la continuidad de las prisiones preventivas con la obligación del Estado de garantizar los derechos de las víctimas en casos de violencia extrema contra las mujeres.
“El refuerzo de la tutela judicial efectiva en casos de homicidios y violencia contra mujeres constituye un eje central para fundamentar la vigencia o prórroga de las prisiones preventivas”, sostuvo el letrado.
En ese sentido, remarcó la gravedad del crimen de Sofía Delgado y expresó: “Nos encontramos con una joven mujer absolutamente vulnerable que ha sido sometida a las peores de las violencias, resultando su muerte con un grado de violencia, sometimiento de la víctima y sadismo nunca antes visto en nuestro distrito penal”.
Filippini también hizo referencia a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de protección de las mujeres, particularmente a través de la Convención de Belém do Pará, y a la doctrina de la debida diligencia estricta.
“Coincidimos en que el magistrado Romanini admitió la petición del bloque acusador, ya que todos los actores judiciales debemos asegurar los fines del proceso y proteger de forma real a las víctimas”, concluyó.
La resolución representa un nuevo avance procesal en una causa de fuerte impacto en San Lorenzo y la región, mientras la investigación continúa con el objetivo de reunir las pruebas necesarias para llegar a la instancia de juicio oral.
