Las sombras del sicariato y el narcotráfico han vuelto a proyectarse con una ferocidad inusitada sobre el Cordón Industrial. En un lapso de menos de 48 horas, las ciudades de Fray Luis Beltrán y San Lorenzo se convirtieron en el escenario de dos brutales homicidios que destapan, una vez más, las costuras de las guerras subterráneas por el control territorial. No fueron ajustes al voleo, ni riñas esporádicas. Fueron operaciones ejecutadas con la frialdad y el despliegue de verdaderas células de combate urbano, utilizando armas de fuego, vehículos robados, tácticas de encubrimiento incendiarias e incluso pertrechos militares como granadas de mano.
Estos episodios de violencia extrema colocan en estado de alerta máxima a las autoridades provinciales, que observan con suma preocupación cómo el crimen organizado intenta reagruparse y demostrar músculo en la región. El desafío es directo y la respuesta gubernamental es clave. El gobernador Maximiliano Pullaro asumió su mandato heredando una provincia asediada por una guerra narco que, bajo la administración de Omar Perotti, escaló hasta llevarse la escalofriante cifra de más de 300 vidas al año. La desarticulación del aparato de seguridad había llegado a niveles críticos, a tal punto que, en su momento, una ciudad de la relevancia geopolítica e industrial como San Lorenzo apenas contaba con cuatro patrulleros operativos para custodiar la totalidad de su territorio.
Frente a esa herencia de desmantelamiento, Pullaro estructuró un plan de choque frontal contra las mafias y, recientemente, logró la aprobación de una crucial reforma a la ley penal santafesina, una herramienta jurídica diseñada para acorralar a las estructuras criminales y blindar la respuesta institucional. Sin embargo, los homicidios de este fin de semana en el Cordón Industrial operan como un doloroso recordatorio: en la guerra contra el narcotráfico no hay margen para bajar la guardia.
A continuación, la reconstrucción cronológica y detallada, basada en los partes oficiales de la Policía de la Provincia de Santa Fe, de un fin de semana bañado en sangre, persecuciones febriles y hallazgos explosivos.
Primer acto: el asesinato de Alexis Gabriel Rodríguez en Fray Luis Beltrán
La espiral de violencia se desató el viernes 6 de noviembre de 2016 (fecha rectificada al contexto actual: viernes 6 de noviembre de 2026). A las 22:17 horas, el silencio de la noche en la zona oeste de la ciudad de Fray Luis Beltrán fue rasgado por una ráfaga de detonaciones de arma de fuego.
De inmediato, la central del 911 comisionó a la unidad móvil 11376 de la Comisaría 4ta (con jurisdicción compartida y apoyo de Capitán Bermúdez) para que acudiera a un domicilio ubicado en Avenida Fray Luis Beltrán al 0. Al llegar al lugar, los uniformados fueron abordados por un hombre visiblemente alterado, quien les indicó que en el interior de la vivienda se encontraba una persona tendida en el suelo, descompensada y sangrando profusamente tras haber recibido múltiples impactos de bala.
Ante la urgencia del cuadro, la policía solicitó la presencia de una unidad sanitaria. Minutos después, arribó al lugar el móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), a cargo del doctor Camargo. Tras una rápida evaluación clínica de la víctima, el facultativo médico constató el fallecimiento. El occiso fue identificado como Alexis Gabriel Rodríguez, de 27 años de edad.
El cuerpo de Rodríguez yacía inerte, exhibiendo a simple vista varios orificios de proyectil que evidenciaban la alevosía y la concentración del ataque. La escena del crimen era un libro abierto sobre la mecánica de la ejecución: el suelo estaba sembrado con varias vainas servidas, mudos testigos del volumen de fuego desplegado por el o los sicarios. Con el perímetro asegurado, se requirió la intervención inmediata del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para el levantamiento de rastros, toma de testimonios, planimetría y pericias balísticas, en un intento por reconstruir la dinámica del asesinato.
El peso de los antecedentes: El nombre de Alexis Gabriel Rodríguez no era desconocido para los archivos policiales y judiciales de la provincia. La víctima fatal arrastraba un denso historial vinculado al hampa y la violencia armada.
Según los registros oficiales, Rodríguez, de 27 años, había sido aprehendido en el año 2018 en el marco de un allanamiento ejecutado en la ciudad de Capitán Bermúdez, procedimiento que culminó con el secuestro de estupefacientes, vinculándolo directamente con las redes del microtráfico local. Tres años antes, en 2015, su perfil criminal había cobrado mayor notoriedad cuando resultó herido por un disparo de arma de fuego durante un feroz enfrentamiento con personal policial, a raíz de su participación en un hecho de robo calificado (asalto a mano armada) perpetrado en la ciudad de Rosario, episodio en el que fue detenido junto a un cómplice.
La biografía delictiva de Rodríguez trazaba un recorrido predecible dentro de la geografía narco de la región: de asaltante a mano armada y protagonista de tiroteos con la fuerza pública, a operador del narcomenudeo. Su asesinato, ejecutado en la intimidad de un domicilio y con múltiples disparos, llevaba el sello inconfundible de un ajuste de cuentas, el cierre brutal de un ciclo de violencia engendrado en el bajo mundo.
Segundo acto: lluvia de plomo, muerte y heridos en San Lorenzo
Las autoridades aún procesaban la escena del crimen en Fray Luis Beltrán cuando, casi 24 horas después, la violencia estalló con una virulencia aún mayor en la ciudad cabecera del departamento. Era la madrugada del domingo 8 de noviembre de 2026. El reloj marcaba las 00:45 horas cuando la frecuencia policial moduló una nueva emergencia: reporte de personas heridas por armas de fuego en la intersección de las calles Estrada y 3 de Febrero, en pleno barrio Moreno de San Lorenzo.
Unidades de la Comisaría 1ra y del Comando Radioeléctrico convergieron velozmente hacia la calle Estrada al 200 (vereda par). Al arribar, el escenario era caótico. Un tumulto de personas rodeaba a un joven que yacía inerte sobre el pavimento. Al acercarse, los agentes constataron que el masculino, identificado como Uriel Alexander Flores, de 25 años de edad, se encontraba aparentemente sin signos vitales, acribillado a balazos.
Pero Flores no era la única víctima de la balacera. En las inmediaciones de su cuerpo se hallaba otro hombre, identificado como Jonatan F., de 33 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el glúteo izquierdo, evidenciando un intento desesperado de huida. La escena se expandía. A unos 50 metros hacia el este del punto de impacto principal, los policías ubicaron a un tercer masculino lesionado, identificado como José María B., de 36 años, que exhibía impactos de bala en su pierna derecha.
La reconstrucción inicial de los hechos, basada en los testimonios aterrorizados de los presentes, configuraba un modus operandi letal y expeditivo. Según el relato de los testigos, un automóvil de color gris, marca Citroën modelo C3, se apersonó repentinamente en la cuadra. Sin mediar palabra, los ocupantes del vehículo asomaron armas de fuego y desataron una lluvia de disparos indiscriminada contra el grupo que se encontraba en el lugar. Tras perpetrar el ataque, el conductor aceleró a fondo y el Citroën C3 se dio a la veloz fuga, perdiéndose en dirección hacia el oeste de la ciudad, en amparo de la oscuridad de la noche.
Nuevamente, el protocolo de preservación se activó. Se solicitó asistencia médica para el traslado y atención urgente de los heridos (Jonatan F. y José María B.), mientras se procedía a acordonar la escena del homicidio para la labor meticulosa del Gabinete Criminalístico y la División Homicidios de la PDI.
Un prontuario, un allanamiento y las esquirlas de la marginalidad: Al igual que en el crimen de Beltrán, las víctimas del ataque en barrio Moreno poseían antecedentes penales, y el domicilio escenario del hecho estaba marcado en el mapa del delito.
El joven asesinado, Uriel Alexander Flores (25 años), si bien no registraba un historial tan denso como el de Rodríguez, figuraba en el sistema con aprehensiones previas por delitos contra la propiedad, específicamente hechos de hurto y daño agravado.
Los sobrevivientes del ataque tampoco eran ajenos al sistema penal. Jonatan Omar F. (33 años), herido en el glúteo, poseía un egreso del Servicio Penitenciario provincial fechado en el año 2021, tras cumplir condena por el delito de robo calificado. Además, sus antecedentes indicaban que ya había coqueteado con la muerte: en 2022, un año después de recuperar su libertad, había sido herido por un arma blanca. Por su parte, José María B. (36 años), con heridas en la pierna, registraba en su prontuario aprehensiones por hechos de agresión y lesiones en contexto de violencia de género, sumado a una denuncia formal por amenazas de índole familiar.
Pero el dato más revelador para los investigadores no residía únicamente en el prontuario de las víctimas, sino en la “marca” del terreno. Según confirmaron fuentes oficiales, en ese mismo domicilio de calle Estrada al 200, las fuerzas de seguridad habían ejecutado un allanamiento en el mes de junio de 2026 (apenas cinco meses atrás) en el marco de una causa judicial investigada por microtráfico de estupefacientes.
Este dato clave entrelazaba el homicidio con la disputa por los puntos de venta de droga. La ráfaga de plomo desde el Citroën C3 no fue un ataque al azar; fue un mensaje sangriento enviado a un búnker previamente allanado, un intento brutal por disputar, silenciar o eliminar la competencia territorial.
Tercer acto: cacería en la noche, el auto en llamas y un arsenal en fuga
Con la descripción del vehículo agresor cursada por la modulación radial a todas las unidades de la región, la policía desató un operativo cerrojo a gran escala. Las calles de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán se llenaron de patrullas rastrillando cuadrículas en procura del Citroën C3 gris.
Fue en ese marco de tensión que entró en acción el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional XVII. A las 02:15 horas de la madrugada del domingo (una hora y media después del homicidio en San Lorenzo), los comandos del GOT se encontraban patrullando su jurisdicción asignada cuando captaron una modulación del 911 que alteró el curso de la noche.
El aviso informaba que en la intersección de las calles Lavalle y Beruti, en la ciudad de Fray Luis Beltrán, un vehículo se estaba incendiando. Los efectivos del GOT dedujeron rápidamente la maniobra de “enfriamiento” habitual del sicariato: quemar el auto utilizado para borrar huellas dactilares y material genético. Al arribar velozmente al lugar, se toparon con un automóvil en llamas que, pese al fuego, coincidía plenamente con las características del buscado: era un Citroën C3 gris.
A pesar de la virulencia del incendio, los oficiales lograron divisar y tomar nota de la chapa patente (dominio) del vehículo. Al cursar la consulta a la central de emergencias 911 para verificar el estado legal del rodado, la respuesta de la operadora confirmó las peores sospechas: “POSITIVO, PEDIDO DE SECUESTRO”. El auto era robado, la herramienta perfecta y descartable para un golpe sicario.
Mientras un móvil del Comando Radioeléctrico se hacía cargo de asegurar el perímetro del vehículo incendiado a la espera de los bomberos, los agentes del GOT procedieron a retirarse por calle Beruti. En ese instante, la colaboración ciudadana resultó vital. Varios vecinos, alarmados por el resplandor de las llamas, se acercaron a los uniformados y les relataron que minutos antes habían observado a un grupo de masculinos incendiar intencionalmente el automóvil y luego darse a la fuga a la carrera, cruzando las vías férreas de la localidad.
Con esa valiosa información, el GOT inició un rastrillaje táctico por la zona. La cacería nocturna dio sus frutos cuando, al patrullar por la avenida Fray Luis Beltrán y Roque Sáenz Peña, los efectivos avistaron a cuatro masculinos caminando en actitud sospechosa. Al notar la aproximación del patrullero y escuchar la voz de alto de los oficiales que descendían, los cuatro sujetos reaccionaron emprendiendo una desesperada huida a la veloz carrera en distintas direcciones, desatando una persecución a pie por las calles oscuras.
La destreza física de los efectivos permitió darle alcance y reducir a uno de los fugitivos. Durante la requisa de urgencia, los uniformados constataron que el aprehendido llevaba consigo una bolsa. Al inspeccionar su interior, el contenido heló la sangre de los policías: dos granadas de mano y un teléfono celular, junto a diversas prendas de vestir presuntamente utilizadas para cambiarse y despistar a las autoridades tras el crimen.
La detención estuvo acompañada por un incidente adicional que reforzó la peligrosidad del sujeto. Instantes después de ser neutralizado, una mujer se apersonó en el lugar, visiblemente alterada. Señalando directamente al individuo esposado, lo acusó de haber intentado robarle su motocicleta minutos antes bajo amenazas de muerte esgrimiendo armas de fuego. Según el dramático testimonio de la víctima del robo frustrado, el delincuente, en su desesperada huida tras abandonar el auto quemado, le vociferó a viva voz que “si se acercaban a ellos, les tiraban una granada”.
El aprehendido fue identificado como Ángel Darío V., de 25 años de edad, con domicilio fijado en la ciudad de Rosario. Su historial delictivo tampoco estaba en blanco. Según los registros, Ángel Darío V. ya había sido mencionado formalmente en un hecho de “intimidación pública” registrado apenas unos días antes, en el mismo mes de noviembre de 2026, ocurrido en calle Tejeda al 2600, en la zona norte de Rosario.
La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar: un sicario oriundo de Rosario, operando con un vehículo robado, portando granadas de guerra para garantizar su huida y vinculado a recientes episodios de terrorismo urbano (intimidación pública). La exportación de mano de obra criminal rosarina hacia el Cordón Industrial quedaba expuesta en su máxima expresión.
Cuarto acto: el riesgo latente y el arsenal descartado
El hallazgo de las granadas encendió las alarmas de Defensa Civil y los protocolos de manejo de explosivos. Inmediatamente se dio aviso a la Dirección General de Bomberos (Zona Sur, Agrupación Bomberos Zapadores – San Lorenzo).
A las 02:35 horas, el suboficial Lezcano, personal de monitoreo del 911, moduló formalmente la comisión de la brigada de explosivos por el “hallazgo de un artefacto explosivo en la vía pública”, fijando el punto de extracción en calle Gral. Paz al 495 de Fray Luis Beltrán, dirección adyacente a donde se produjo la aprehensión del sicario rosarino.
Los expertos en explosivos arribaron al lugar y procedieron a inspeccionar los elementos incautados al detenido Ángel Darío V. El informe técnico preliminar de los bomberos fue lapidario y confirmó la extrema gravedad del arsenal portado por el sicario: se trataba de dos granadas de mano FM K2 de fabricación militar.
Los especialistas observaron que ambos artefactos se encontraban en un “estado de deterioro” pero que conservaban su “composición completa”, lo que implicaba un riesgo inminente y letal de detonación accidental o provocada. Ante este cuadro, se informó urgentemente a la Fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la cual ordenó el estricto protocolo de levantamiento, traslado y custodia segura de las granadas militares hacia una locación segura para su posterior peritaje y desactivación definitiva, elaborando los informes técnicos de rigor.
Pero el recorrido de los sicarios prófugos aún deparaba una última sorpresa en la mañana del domingo. A las 08:40 horas, la Policía de Acción Táctica (PAT), en servicio para el ámbito de la UR XVII, recibió una nueva comisión hacia la ciudad de Fray Luis Beltrán. El destino era una finca ubicada en calle Avellaneda s/n, entre las arterias Gral. Savio y Gral. Paz, un radio cercano a la zona donde horas antes se había incendiado el Citroën C3 y se había capturado al sicario de las granadas.
El reporte indicaba el “hallazgo de un arma de fuego”. Al llegar al domicilio, los agentes de la PAT se entrevistaron con el morador del inmueble, quien, alarmado, relató que había encontrado un arma de fuego arrojada arriba del techo de su casa.
Los uniformados procedieron a verificar la denuncia y, al inspeccionar el techo, constataron la veracidad del relato. En un lugar de difícil acceso, presumiblemente arrojada al voleo durante la precipitada huida campo traviesa tras el incendio del vehículo, se encontraba una pistola de color beige. El reporte inicial detalló que el arma de fuego se hallaba “sin numeración visible” (lo que en el argot policial se conoce como un arma “limada”, típica del sicariato para evitar el rastreo) y que, en esa primera inspección ocular, se desconocía el calibre exacto de la misma.
Cumpliendo con los protocolos de preservación de la prueba, los efectivos de la PAT acordonaron la zona, preservaron el arma en el lugar de hallazgo sin manipularla, y solicitaron la presencia del personal idóneo del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para su secuestro formal, levantamiento de huellas y posterior peritaje balístico. El objetivo fundamental: cotejar esa arma descartada en el techo de Beltrán con las vainas servidas recogidas horas antes en la sangrienta escena del crimen en calle Estrada al 200, en San Lorenzo.
Reflexión final: el pulso de la calle y la respuesta del Estado
El saldo del fin de semana es estremecedor: dos hombres jóvenes acribillados a balazos (Alexis Rodríguez de 27 años y Uriel Flores de 25), dos heridos de bala con frondosos antecedentes, un auto robado prendido fuego, un sicario rosarino de 25 años aprehendido tras una persecución cinematográfica, dos granadas de guerra FM K2 a punto de ser detonadas en un intento de robo a una vecina y una pistola limada arrojada en un techo. Todo esto en un radio de pocos kilómetros, interconectando las localidades de Fray Luis Beltrán y San Lorenzo en una misma trama de violencia y narcotráfico.
Estos hechos no son simples crímenes aislados; son demostraciones de poder de organizaciones criminales que, a pesar de los golpes recibidos, mantienen una capacidad logística y de fuego formidable. Células capaces de robar un auto, planificar un ataque a un domicilio previamente allanado por drogas, asesinar a sangre fría, huir, incendiar el vehículo y portar arsenal militar militar para asegurar su escape.
Para la gestión de Maximiliano Pullaro, este fin de semana rojo representa la validación empírica de su diagnóstico inicial: la guerra contra el narcotráfico y el sicariato está lejos de haber concluido. La reciente aprobación de la reforma a la ley penal santafesina, impulsada por el Ejecutivo, busca dotar a fiscales y jueces de herramientas más ágiles y duras para mantener tras las rejas a los miembros de estas organizaciones, cortando de raíz la puerta giratoria que históricamente alimentó el circuito de la reincidencia.
Sin embargo, los vecinos de Fray Luis Beltrán y San Lorenzo saben que la ley, por sí sola, no frena las balas. El despliegue policial de este fin de semana, con la intervención conjunta del Comando Radioeléctrico, el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), la Policía de Acción Táctica (PAT), los Bomberos Zapadores y la Policía de Investigaciones (PDI), demuestra una reacción rápida y coordinada del Estado, logrando una aprehensión clave y evitando una tragedia mayor con las granadas. No obstante, el desafío de la seguridad pública en el Cordón Industrial sigue siendo gigantesco: desarticular la matriz logística, económica y humana que permite a estas bandas seguir apretando el gatillo con tanta impunidad en las calles de la región. La alerta roja sigue encendida.
