La Legislatura santafesina acaba de darle media sanción al paquete de reformas del Código Procesal Penal impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El debate, que se extendió por casi seis meses, expuso fuertes diferencias dentro de la propia coalición gobernante (Unidos para Cambiar Santa Fe) y con la oposición.
Para desmenuzar el contenido de estas leyes y las tensiones políticas subyacentes, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) y presidente de la Comisión de Seguridad, Martín Rosúa, dialogó a fondo con el periodista Marcelo Fernández en el streaming de Fisherton Plus.
El legislador radical, uno de los principales espadas del Ejecutivo en la Cámara Baja, no esquivó la polémica por las demoras en el tratamiento de las normas. “Yo creo que todavía hay muchos espacios políticos que tienen un problema ideológico con la seguridad”, disparó Rosúa. “Cuando a la seguridad en vez de abordarla de un punto de vista pragmático, la abordás con un sesgo ideológico, perdiste”, sentenció el diputado, en clara referencia a los bloques opositores y a sus propios aliados del socialismo.
Rosúa remarcó que el paquete original contenía 11 medidas, de las cuales se votaron 10 (la controvertida ley sobre “zonas de intervención especial” quedó para un tratamiento posterior) y criticó que se haya tardado 5 meses y 23 días en aprobar herramientas que el Ejecutivo consideraba urgentes.
Inteligencia criminal: llegar antes del homicidio
Uno de los pilares de la reforma es la ampliación de las facultades de inteligencia criminal. Ante las dudas sobre posibles excesos y espionaje, Rosúa defendió el mecanismo argumentando que el Estado no puede llegar siempre después de que se comete el delito.
“No me sirve un Estado que llega cuando el homicidio se cometió. Tenemos que llegar antes”, explicó el legislador. Para ello, la ley habilita la intervención de redes sociales y teléfonos de bandas criminales, pero bajo un estricto control. “Cuando se pide la autorización para cualquier hecho que invada la esfera de intimidad, se necesita autorización judicial. El Ministerio de Seguridad le presenta los fundamentos al juez, y él lo convalida”, detalló, remarcando que esta proporcionalidad y control es lo que transforma a la herramienta en “perfectamente constitucional”.
El aislamiento para los “presos de alto perfil”
El diputado de la UCR subrayó que el régimen penitenciario agravado era la medida “prioritaria” pedida por Pullaro. Recordó que, tras las primeras restricciones aplicadas a principios de año, los líderes narcos (con condenas a perpetua y “costo de oportunidad cero”) reaccionaron ordenando el asesinato de trabajadores inocentes para “sembrar el terror y doblarle la muñeca al Estado”.
“Nosotros como Estado no podemos permitir que dos tipos sigan matando por no restringirles derechos individuales a la comunicación. A partir de ahora, el preso de alto perfil que manda a cometer delitos violentos desde la cárcel va a tener un régimen de aislamiento y de incomunicación total”, aseveró.
Allanamientos sin orden y el celular robado
Uno de los puntos más debatidos por los garantistas fueron los allanamientos sin orden judicial. Rosúa aclaró que la ley solo amplía la figura de la “excepción por urgencia” (como la flagrancia).
Si la policía atrapa a una persona armada o con explosivos en la vía pública, podrá allanar su vivienda presumiblemente para buscar más armas. “Pero no lo hace la policía directa. Llama al fiscal, el fiscal da la autorización y en las 24 horas posteriores le tiene que llevar los elementos al juez para que corrobore si fue válido”, precisó.
Otro caso de excepción es la recuperación de celulares robados. “Si el GPS te determina específicamente, sin margen de error, en qué domicilio está el teléfono, la policía puede allanar de inmediato para recuperarlo y el control judicial será posterior”, indicó Rosúa. Además, destacó la creación de un registro provincial de IMEI (la identificación electrónica del teléfono) que obligará a las casas de reparación a tener trazabilidad de sus repuestos, y permitirá a la policía chequear si un celular en la calle es robado.
Crítica a los abogados penalistas
Consultado sobre el fuerte contrapunto público entre el gobernador Pullaro y la Asociación de Abogados Penalistas, Rosúa respaldó al mandatario. Diferenció al Colegio de Abogados (institución formal) de esta asociación, a la que acusó de defender intereses espurios.
“Esa asociación es un grupo de abogados que defienden a los jefes de las bandas narcos. Me parece legítimo que trabajen de eso, pero no podemos dejar que nos vengan a decir cómo legislar”, disparó. Además, avaló los dichos de Pullaro sobre el entramado económico del delito: “Hay contadores que les arman las estructuras para lavar activos, y abogados que pasaban información de los jefes a la banda. Esos son socios y hay que tratarlos como socios, no como profesionales”, concluyó.
