El concurso de acreedores de Vicentin SAIC entra en una semana clave. El juez Fabián Lorenzini, que lleva adelante el proceso judicial, resolvió habilitar la feria para dar continuidad al período de salvataje de la agroexportadora y estableció que las 11 empresas inscriptas para competir por los activos y el control societario deben realizar un depósito de $1.100 millones cada una como condición excluyente para seguir en carrera.
Hasta el cierre de este sábado, solo dos empresas habían cumplido con este requisito, aunque el juzgado todavía no difundió sus identidades. El plazo para hacerlo vence mañana lunes 14 de julio a las 12:30 del mediodía, horario emblemático en ciudades del interior como Reconquista, donde los bancos abren a las 7:00 y cierran antes del inicio de la siesta. Quien no cumpla con este requerimiento, quedará automáticamente excluido del proceso de salvataje, sin posibilidad de apelación.
Las 11 empresas que buscan quedarse con Vicentin:
- Grassi SA
- Molinos Agro SA
- Bunge SA
- Viterra Argentina SA
- Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) CL
- LDC Argentina SA (Louis Dreyfus)
- Unión Agrícola de Avellaneda CL
- Atilio Marotte
- Yabitel SA
- Barbero Cereales SAU
- Bioenergías Agropecuarias SA
Estas firmas deben realizar el pago en la cuenta judicial abierta en el Nuevo Banco de Santa Fe, sucursal Reconquista. El 25% de los fondos será destinado a gastos del proceso judicial y el 75% restante será devuelto a quienes no resulten adjudicatarios.
El siguiente paso será la designación del evaluador, tarea asignada a la consultora Marinozzi-Mazzitelli & Asociados SRL, con 30 días para presentar su informe sobre el valor de la compañía. Luego, se abrirá un período de adhesiones a las propuestas entre acreedores y oferentes, con una audiencia informativa que se realizará cinco días antes de que finalice el plazo de 30 días.
El proceso de cramdown de Vicentin ingresa así en su etapa más determinante. Mientras se especula sobre el rol de grandes jugadores como Molinos, Viterra, ACA, LDC y Bunge, el dato concreto es que solo dos avanzaron formalmente, en un contexto donde se busca garantizar transparencia y previsibilidad jurídica para cerrar uno de los concursos más emblemáticos de la historia económica argentina.
