San Lorenzo

Abogados ratifican su rechazo para la adhesión a la ley nacional de ART

Los Colegios que integran la Federación de Abogados de la provincia emitieron un contundente documento donde refutan la propuesta que impulsa Perotti y que ya tiene media sanción en el Senado


La posible adhesión de la Provincia a la ley nacional de accidentes y riesgos de trabajo (ART) sigue sin generar un debate público y todo parece quedar sumergido sólo en una exposición de criterios y/o posicionamientos ideológicos de aquellas organizaciones vinculadas directamente con la temática, como por ejemplo los sindicatos.

La propuesta viene del gobierno anterior, cuando en Santa Fe gobernaba Miguel Lisfchitz y en el país Mauricio Macri. Por entonces se intentó la adhesión, pero la intención no prosperó.

Con el arribo de Omar Perotti a la Casa Gris, el planteo volvió a la Legislatura, pero con un posicionamiento contundente del oficialismo: lograr su adhesión. Y en la Cámara de Senadores, casi no tuvo problemas, pues por unanimidad se resolvió tal como el Ejecutivo solicitó.

Ahora para que se convierta en ley debe sortear Diputados, donde unos pocos se mostraron en contra, otros a favor, pero la gran mayoría pareciera desentenderse. Sin embargo, los lobbistas apuestan más a que la norma salga como tal a que sea rechazada.

¿Qué hacen aquellos interesados en que la adhesión no prospere?

En el caso de los sindicatos, no mucho. Al menos eso se observa en la región. La CGT San Lorenzo emitió un comunicado oficial sobre su rechazo, pero sus gremios no “bajan” la temática para discutirla en las bases. Y si ello no ocurre, puede ser resultado de la ineficacia de sus dirigentes como tales, o que no tienen muchas intenciones para hacerlo.

Otros directamente interesados son los abogados, y en este aspecto, ratificaron su posicionamiento en contra de dicha adhesión.

Para eso, los diferentes colegios de profesionales de la provincia la rechazaron de forma unánime porque entienden que con ello “se pretende obligar a quienes trabajan en el territorio provincial y sufran un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, a tener que transitar previamente por las comisiones médicas jurisdiccionales dependientes de un organismo nacional (la Superintendencia de Riesgos del Trabajo), prohibiéndoles optar libremente por ir directamente a la Justicia del Trabajo, cuando lo consideren más conveniente a sus derechos”.

Consultado los referentes locales Gabriel Fillipini y María Gabriela Barrinat, expresaron su coincidencia con la posición fijada por la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario en cuanto a que el proyecto establece que las resoluciones de las comisiones médicas que no sean cuestionadas por el trabajador afectado quedarán firmes y ya no podrán ser modificadas.

“Si el trabajador no queda conforme con el dictamen de la comisión, deberá presentar un recurso ante el Juzgado Laboral competente dentro del término de 60 días hábiles judiciales, computados desde la notificación de la resolución de la comisión médica; si no se presenta la demanda dentro de ese plazo, no podrá ya discutir lo decidido por la comisión. Esto es inaceptable”, indicaron.

“La restricción temporal para demandar ante la Justicia del Trabajo que contiene el proyecto de ley de adhesión afecta indebidamente el derecho del trabajador a demandar judicialmente por sus derechos, cuando ese plazo actualmente es de dos años, pero en la provincia de Santa Fe se lo pretende reducir drásticamente”, aclararon.

“El trámite previo ante las comisiones médicas que se pretende instaurar obligatoriamente con este proyecto de ley puede llegar a extenderse varios meses, buscando con ello generar en las víctimas un efecto de agotamiento, como otra manera de forzar la aceptación de las indemnizaciones insuficientes e injustas que pudiesen llegar a ofrecerle las ART a los trabajadores afectados por accidentes y enfermedades laborales”, agregaron.

En otro orden, desaclificaron las acusaciones sobre la “industria del juicio” o las estadísticas de litigiosidad que se da en el ámbito laboral

“Se hacen relevamientos meramente cuantitativos, no análisis cualitativos. Es que la tan publicitada necesidad de reducir la litigiosidad (que con la adhesión provincial supuestamente se lograría), claramente no es en sí misma un bien socialmente relevante, ni se compadece con un estándar de Justicia, ni de buen funcionamiento de las instituciones del Estado, ni con el respeto de las garantías constitucionales, si esa reducción no es consecuencia de que los problemas de base (las causas) que explican la recurrencia al litigio laboral han sido evitados o resueltos previamente de manera justa. De lo que se trata es de reducir la siniestralidad y a eso no apunta este cuestionable proyecto de adhesión”, concluyeron.

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