El distrito judicial de San Lorenzo vivió un 2024 marcado por la atención a casos de abuso sexual, un delito aberrante que sigue siendo uno de los más recurrentes en las investigaciones y fallos judiciales. SL24 tomó como base las planillas enviadas diariamente por la Unidad de Notificaciones OGJ San Lorenzo, recopilando un resumen numérico de las acciones llevadas a cabo en los tribunales durante el año.
Entre los datos más relevantes, se registraron 19 fallos judiciales por causas relacionadas con delitos sexuales, mientras que 34 imputaciones fueron formalizadas, marcando un nivel de actividad judicial que refleja la gravedad de estas denuncias. De estas imputaciones, 24 personas quedaron bajo prisión preventiva, una medida cautelar aplicada en casos donde el riesgo de fuga o de entorpecimiento del proceso es alto.
Además, se llevaron a cabo 34 cámaras Gesell, un recurso fundamental para proteger a las víctimas menores de edad, evitando su revictimización durante los procesos judiciales. Esta herramienta, diseñada para recolectar testimonios en un entorno seguro, subraya la sensibilidad con la que deben manejarse estos casos.
Aunque estas estadísticas evidencian un esfuerzo por parte del sistema judicial, también exponen desafíos estructurales. La prisión preventiva, aunque necesaria en muchos casos, no siempre garantiza condiciones dignas para los imputados. Numerosos testimonios de presos que luego fueron sobreseídos relatan haber atravesado situaciones extremas en los penales provinciales, planteando la necesidad de un equilibrio entre justicia y derechos humanos.
Los fiscales de San Lorenzo enfrentan una carga abrumadora de causas, que requieren investigaciones exhaustivas para garantizar un debido proceso. Estas estadísticas ponen en perspectiva la magnitud del problema y la necesidad de un abordaje integral por parte del Estado.
Casos recientes subrayan la complejidad de esta problemática. La condena a 8 años de prisión de Franco Díaz, acusado de violar a una menor de 17 años, ejemplifica un proceso judicial efectivo basado en pruebas sólidas. Sin embargo, también se presentan casos que evidencian las fallas del sistema: Agustín Goycochea, inicialmente acusado de violación y luego absuelto por falta de pruebas, se fugó a Brasil tras recuperar su libertad condicional, siendo detenido posteriormente por Interpol.
El análisis de estos datos no solo invita a reflexionar sobre la gravedad de los delitos sexuales, sino también sobre el papel de la justicia, la prevención y el acompañamiento a las víctimas. Las vidas marcadas por estos delitos merecen más que un número en una estadística; exigen justicia y una sociedad comprometida con la erradicación de esta problemática.
Este balance anual busca no solo exponer una realidad preocupante, sino también impulsar un cambio colectivo hacia un sistema judicial más eficiente y humano.
