El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del Departamento San Lorenzo, junto con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), emitieron un contundente comunicado público en el que denuncian una serie de violaciones a los derechos laborales y advierten sobre un inminente paro nacional si estas situaciones no cesan.
El comunicado acusa a varias empresas del sector aceitero de incumplir convenios colectivos y acuerdos paritarios, así como de realizar despidos discriminatorios. “Denunciamos el grave e ilegal avasallamiento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras. Estas empresas, en violación a la legislación laboral, decidieron incumplir con los convenios colectivos y los acuerdos paritarios. Incluso, en algunos casos, despidieron trabajadores discriminatoriamente por el hecho de reclamar el pago de sus salarios conforme a derecho”, afirmaron.
Entre los casos destacados, señalaron la situación en Explora SA, de Puerto San Martín, donde cuatro trabajadores fueron despedidos bajo causas que el gremio considera falsas. Esto ocurrió tras una retención de tareas debido a la falta de pago de una gratificación extraordinaria. Actualmente, la planta se encuentra en huelga hasta que se reincorporen los despedidos y se abonen los salarios adeudados.
Otro caso señalado es el de Vicentin y Renopack, que atraviesan una conciliación obligatoria por incumplimientos relacionados con el bono anual. Según el comunicado, estas empresas están utilizando un Procedimiento Preventivo de Crisis para justificar medidas que afectan directamente a los trabajadores.
Además, se destacó la situación en Dánica, en Llavallol, donde la planta fue cerrada en diciembre de 2024, dejando a todos sus empleados sin trabajo. Aunque lograron reabrir parcialmente el sector de envasado, solo 40 trabajadores permanecen activos tras rechazar retiros voluntarios.
El comunicado también denunció la militarización de plantas y la presencia de Prefectura Nacional como un acto de intimidación hacia los trabajadores en huelga. “Como ocurrió en diferentes dictaduras, buscan solucionar los conflictos colectivos de trabajo con el uso de las fuerzas de seguridad nacionales, que actúan como mercenarios al servicio de los poderosos”, subrayaron.
Los sindicatos hicieron responsables tanto a las empresas involucradas como al gobierno nacional por la integridad de los trabajadores, y cuestionaron las políticas económicas que, según sostienen, favorecen a las patronales mediante rebajas impositivas mientras se criminalizan los conflictos laborales.
Por último, advirtieron: “En caso de continuar estos hechos que implican un grosero avasallamiento de los derechos laborales, iniciaremos una huelga nacional aceitera”.
La situación en el sector aceitero se tensa cada vez más, con un conflicto que parece lejos de resolverse y una amenaza de paro que podría impactar fuertemente en la economía.
