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Agroexportaciones en peligro porque los aceiteros no quieren pagar más Ganancias

Los trabajadores del complejo sojero local se hartaron de los descuentos en sus sueldos. Piden ser exceptuados del tributo que es una ley


Empleados aceiteros pidiendo el paro

Los descuentos que mes a mes le practican a los trabajadores aceiteros del Cordón Industrial en concepto de Impuestos a las Ganancias los hartó. A tal extremo que hoy lanzaron un paro general de actividades, que casi al instante fue desactivado por el Ministerio de Trabajo de la nación tras dictar una conciliación obligatoria que, desde su inicio, no tendrá salida alguna pues las partes tendrán poco para discutir.

Es que esa quita tributaria opera bajo la aplicación de una ley y para el caso es poco (o nada) lo que los empresarios tienen para negociar o discutir.

Ni siquiera la última modificación que introdujo el Congreso sirvió cuando, promovido por el diputado Sergio Massa, se aumentaron las bases no imponibles.

Hoy los aceiteros disponen de uno de los mejores sueldos de la región, y ello hace que en la liquidación de los haberes, se supere ese mínimo y se practiquen los descuentos, que suelen alcanzar sumas de 40.000 pesos o más.

 

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El aporte que realizó la firma Bunge en el pago de los salarios de octubre, con alguna quita mayor a la que sus trabajadores entendieron que erróneamente se les practicó, fue la gota que rebalsó el vaso, y en consecuencia lanzaron un paro de actividades por 24 horas en esa empresa y en sus plantas ubicadas en Puerto San Martín y San Jerónimo.

Esta mañana se realizó una asamblea con delegados en las puertas del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo y extendieron la protesta por otras 24 horas en todas las fábricas de la región.

Los ánimos estuvieron muy caldeados y nadie parecía entender que la aplicación de ese tributo responde a una ley, y que en todo caso, la discusión no es con los empresarios, sino con los legisladores y/o el mismísimo gobierno nacional, que en esta ocasión es del mismo signo político con el que comulga el sindicato. De hecho, la imposición de este tributo fue impulsado por el mismo partido político durante la gestión de Cristina Fernández, que luego siguió con Mauricio Macri y ahora con Alberto Fernández.

Así, la discusión cae en un embudo, porque no parece haber interlocutores que medien en pos de hallar una solución.

El empresariado explicará que cumplen con una ley y los trabajadores insisten en que deben quedar exceptuados de esa quita al considerarla injusta. Y en esa explicación cabe reconocerle parte de razón, ya que su actividad no persigue lucro alguno, sino que responde a una contraprestación laboral.

Pero esa discusión ideológica y política tiene hoy, como única respuesta, una huelga.

De persistir esta posición, las exportaciones de alimentos, bastión fundamental e indispensable para la generación de divisas para el país, podrían peligrar una vez más.

El complejo sojero de San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes asoma, una vez más, como un lugar de inestabilidad jurídica, sindical, social y política.

No se trata ahora de aumento salariales o mejores condiciones de seguridad e higiene laboral. Ni siquiera de distribución de riquezas. Se trata de un reclamo ideológicamente genuino en el que las empresas tienen poco que ver, aunque son las principales afectadas.

La semana entrante habrá elecciones parlamentarias, y entre los candidatos de la provincia, ninguno expuso entre sus propuestas alguna revisión de esta ley.

¿Podrá el gobierno nacional tener una mirada más atenta a esta situación? ¿El Congreso de la Nación se encargará de revisar esta «injusticia», tal como los aceiteros la señalan? ¿Aparecerá algún interlocutor que pueda mediar para exceptuar o aumentar ese mínimo no imponible que opera para los trabajadores de este convenio?

Hoy la discusión está empantanada. El sindicato intenta formar alguna mesa de discusión, junto al empresariado, para «convencer» a las autoridades nacionales a que revisen tal situación. Y lo mismo intenta hacer con quienes integran el gobierno. Sin embargo, los trabajadores parecen empecinados en dejar de lado jurisdicciones, responsabilidades y organismos de aplicación para, con paros y prepotencia imponer su pedido: basta de descuentos por el impuesto a las ganancias.

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