El dato no sólo impacta por su magnitud, sino también porque se trata del primer relevamiento integral desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal Juvenil (Ley N° 14.228), que puso fin al viejo sistema de Juzgados de Menores y trasladó la investigación de estos casos al ámbito del MPA.
Desde el 21 de junio hasta el 31 de diciembre de 2025, período en que el nuevo régimen comenzó a regir en toda la provincia, se abrieron 2.787 legajos judiciales vinculados a menores. De ese total, 1.299 (46,6%) corresponden a adolescentes de entre 16 y 18 años, mientras que 1.224 (43,9%) involucran a chicos menores de 16. En otros 264 casos (9,4%), no se pudo determinar la edad de los presuntos autores.
El informe también deja en claro la fuerte concentración territorial del fenómeno: Rosario encabeza ampliamente la cantidad de causas, seguida por las ciudades de Santa Fe, Rafaela y Venado Tuerto, entre otras jurisdicciones.
El traspaso al nuevo sistema no fue menor. El MPA heredó 3.714 expedientes que estaban en trámite en los antiguos juzgados y oficinas judiciales, de los cuales más del 62% se concentraban en Rosario y su zona de influencia. Para abordar esta nueva estructura, se creó la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), con el objetivo de diseñar estrategias que contemplen la complejidad social detrás de estos casos.
En paralelo, el informe aporta otro dato sensible: al cierre de 2025 había 104 menores punibles detenidos en institutos del sistema penal juvenil, además de 48 bajo prisión domiciliaria.
Pero más allá de los números, el contexto reciente aporta un trasfondo aún más preocupante. Casos de extrema violencia protagonizados por adolescentes sacudieron a la provincia y expusieron una problemática en ascenso. Entre ellos, el crimen de Jeremías Monzón, asesinado por un grupo de jóvenes, dos de ellos de apenas 14 años, en un ataque brutal que incluyó torturas y fue registrado en video. También el asesinato de Ian Cabrera, ocurrido dentro de una escuela de San Cristóbal, donde el agresor era otro estudiante.
Estos episodios, distintos en su forma pero coincidentes en la edad de los protagonistas, marcaron un punto de inflexión en el debate público y político. De hecho, a nivel nacional se avanzó con una reforma que prevé bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con implementación prevista para septiembre.
En ese escenario, el informe del MPA no sólo aporta estadísticas: pone sobre la mesa una transformación profunda en el perfil de los delitos juveniles. La creciente participación de chicos cada vez más jóvenes en hechos penales ya no aparece como una excepción, sino como una tendencia que obliga a repensar de manera urgente las políticas de prevención, contención y respuesta del sistema judicial.
