Un grupo de 16 sociedades rurales del sudeste bonaerense cercanas a la localidad de Necochea y el Puerto de Quequén, que es administrado por la provincia de Buenos Aires, expresaron su temor a que el gobernador Axel Kicillof pretenda avanzar con un modelo de gestión con alta injerencia del Estado, al que bautizaron como nueva “Junta Provincial de Granos”, en alusión a la vieja JNG que hasta 1991 intervenía en el comercio de granos a nivel nacional en la Argentina.
El temor de los ruralistas crece a medida que se acerca el mes de noviembre, ya que por entonces finaliza la concesión de la empresa que actualmente opera el elevador de granos de dicho puerto provincial.
“Axel pide tener una reserva del 30% de los granos en acopio (…) y la provincia mediaría en la compra de esos granos”, declaró a los medios locales la presidenta del Consorcio de Gestión de Quequén en ejercicio, Jimena López, en una alusión directa al gobernador Kicillof. También agregó que la intención de “crear una empresa provincial” con fines de comercialización agrícola.
López, una ex diputada nacional, fue puesta en funciones por Kicillof en febrero pasado y es la primera mujer en presidir el directorio de Puerto Quequén. Se trata de un ámbito fundamental para la actividad de la región, que durante los últimos cuatro años ha movilizado un promedio anual de 6,7 millones de toneladas de cereales, fertilizantes, aceites vegetales, grasas animales y combustibles líquidos, entre otros bienes.
Esto motivó un nuevo comunicado conjunto de las rurales del sur bonaerense, que en bloque advirtieron una maniobra “estatizante” en el comercio de granos, que ha sido desregulado completamente en la Argentina desde que Carlos Menem y Domingo Cavallo privatizaron los elevadores públicos y cedieron la gestión de los puertos a las provincias.
Frente a esa posibilidad, las sociedades rurales de Ayacucho, Mar Chiquita, General Guido, General Madariaga, Lobería, Mar del Plata, Benito Juárez, Balcarce, General Alvarado, Tandil, Gonzales Chaves, Maipú, Necochea, Rauch, General Lavalle y San Cayetano, emitieron el siguiente comunicado:
En la nota, las rurales expresan que “el gobernador quiere comercializar granos, bajo una figura que se parece a una Junta Provincial de Granos: un instrumento que la historia demuestra lo nocivo que podría ser para la actividad”.
Lamentan que “una vez más, como ha sido antes a nivel nacional, el sector político que gobierna la provincia de Buenos Aires pretende incursionar en habituales prácticas distorsivas, ideologizadas y flojas de fundamento técnico, perjudicando enormemente al sector productivo más dinámico y relevante del país. Allí donde aparece el hueco, surge la pretendida maniobra”, advirtieron.
Como dato concreto sostienen que en noviembre se vence la concesión de Terminal Quequén, cumplidos los 30 años originales, y una prórroga por tres años. “No hubo acuerdo, hasta el momento, de renovar esa prórroga hasta que se confeccione un pliego consensuado entre las partes actuales. La empresa Terminal Quequén, que opera el principal elevador de granos para la carga de buques, formuló la advertencia sobre los plazos cumplidos, la falta de respuesta y los inconvenientes que traerá desde septiembre no poder ofrecer servicios, con lo cual incluso peligran las fuentes de trabajo”, advirtieron los productores.
El temor de los dirigentes agropecuarios es que la Provincia de Buenos Aires “pretende llevar a cabo una licitación express”.
“No queda claro el objetivo, pero sí la intención de entrometerse en la cadena. Dicho de otro modo, el gobernador quiere comercializar granos”, juzgaron los ruralistas, para quienes, “la provincia debería tener otras prioridades: educación, salud y seguridad; infraestructura, caminos y rutas destruidas; e inversiones que se pierden por mera acción de la ideología que no mira el interés general, como el caso YPF-Petronas”.
