El desenlace de una de las empresas emblemáticas del cuestionado Grupo Vicentin parece haber quedado sellado. A las 12:30 horas de este lunes 5 de octubre, venció el plazo “improrrogable” fijado por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, para la inscripción de interesados en adquirir las acciones de Algodonera Avellaneda S.A. Doce minutos después, el magistrado firmó la constancia oficial: el registro cerró sin un solo oferente y ordenó las notificaciones correspondientes.
La fallida compañía textil se encontraba transitando la etapa de salvataje (conocida jurídicamente como cramdown), prevista en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), la cual representa el último intento para evitar la quiebra de una empresa mediante la intervención de un tercero. Frustrada esta instancia al no existir compradores dispuestos a intentar obtener la conformidad de los acreedores, la Ley 24.522 establece que el juez debe declarar concluido el procedimiento y avanzar hacia la declaración de quiebra.
La caída de Algodonera Avellaneda es una consecuencia de la crisis del holding Vicentin. Tras el fracaso de las negociaciones de los propietarios con su principal acreedor —el Banco Nación Argentina, al que le adeudan casi 300 millones de dólares—, el juez Lorenzini les había quitado la exclusividad de negociación y habilitado el salvataje mediante la Resolución 503/2026, del 14 de septiembre. La falta de interesados, sin embargo, precipitó el escenario de liquidación.
El impacto productivo y el futuro de los trabajadores
Algodonera Avellaneda llegó a ser un actor de peso en el mercado textil. Según la propia descripción institucional de la empresa, su modelo de negocios integraba verticalmente la totalidad del proceso algodonero: acopio, desmotado, hilado, tejido, confección de prendas y fabricación de algodón hidrófilo.
La estructura operativa de la firma incluye una fábrica de hilos y telas en el Parque Industrial de Reconquista y desmotadoras estratégicas ubicadas en Banderas (Santiago del Estero), General Pinedo (Chaco) y Formosa. También posee dos hilanderías (en Argentina y Brasil) y un taller de confecciones (“RED PROACTIVA TEXTIL”) en Avellaneda. En la actualidad, la compañía sostiene más de 300 empleos directos, aunque en su mejor momento llegó a los 500 puestos de trabajo.
Con la inminente declaración de quiebra, el control operativo y el desapoderamiento de los bienes pasarán inmediatamente a manos de los síndicos del concurso. El juez Lorenzini deberá definir ahora si autoriza la continuidad de la explotación comercial. En este sentido, existe confianza respecto a la posibilidad de decretar una “quiebra con continuidad” (similar al antecedente del caso SanCor), lo que permitiría sostener los contratos de fasón vigentes y mantener los puestos de trabajo en las áreas que se encuentran operativas, evitando el deterioro de las plantas mientras se desarrolla el proceso de liquidación. Aquellos sectores donde no haya actividad deberán ser clausurados y custodiados previo inventario.
La traba de la deuda y la hipoteca
El ministro de Trabajo de la provincia analizó el fracaso del salvataje y apuntó a la monumental deuda que arrastra la firma. En declaraciones a Radio HOY, explicó que no bastaba con presentar una oferta de compra, sino que el interesado debía conseguir el acuerdo de las mayorías previstas por ley. En ese esquema, la deuda de casi 300 millones de dólares con el Banco Nación operó como una traba.
Para agravar el panorama, gran parte de ese dinero no quedó en la empresa, desapareciendo con la caída de Vicentin saic. Además, la industria textil ubicada en el Parque Industrial de Reconquista está hipotecada a nombre del Banco Nación, que ya pidió el remate, el cual tiene sentencia favorable de primera instancia y pasó a la cámara de apelaciones.
