En una sesión cargada de tensiones, la diputada santafesina Amalia Granata arremetió contra Domingo Rondina, fiscal de Estado del gobierno de Maximiliano Pullaro, acusándolo de actuar en conflicto de intereses en un caso altamente sensible para la provincia. Granata cuestionó al funcionario por, según sus palabras, “estar de los dos lados del mostrador” en el pleito relacionado con las trágicas inundaciones de 2003 en Santa Fe, que dejó a miles de damnificados.
Durante la sesión, Granata explicó que Rondina, antes de ser designado fiscal de Estado, representaba a las víctimas de estas inundaciones, quienes deben ser indemnizadas según un fallo de la Corte Suprema provincial. Sin embargo, ahora en su rol de fiscal, Rondina debería litigar en defensa de la provincia para evitar esos resarcimientos, lo que, según la diputada, no ha hecho.
Con su habitual estilo directo, Granata señaló que Rondina no solo no apeló la decisión de la Corte sino que intentó poner a su esposa y a un socio de su estudio para seguir representando a las víctimas y cobrar los honorarios correspondientes. “¿Qué hace este señor? Pide la sustitución para su esposa. Claro, le deben haber dicho ‘querido esto es inmoral, sos fiscal de Estado y representas a las víctimas. Y además no querés apelar como fiscal de Estado para recibir la torta de plata como representante legal’”, disparó la diputada.
Granata leyó una nota de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe donde se menciona que la esposa de Rondina solicitó reemplazarlo como abogado litigante. Por esto, la legisladora elevó informes al Ejecutivo para que se investigue el supuesto doble rol de Rondina, calificándolo de “escandaloso, bochornoso e inmoral”.
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Pullaro el más Peronista de los RadicalesAdemás, la diputada recordó que en diciembre, cuando se designó a Rondina, ella ya había expresado su descontento, calificándolo de “impresentable”. En su discurso, enfatizó la necesidad de una renuncia inmediata por parte de Rondina para evitar este conflicto de intereses.
Aunque las acusaciones de Granata generaron un amplio revuelo, hasta ahora no ha habido respuestas oficiales del gobierno ni del propio Rondina. No obstante, fuentes cercanas al fiscal de Estado desmintieron las acusaciones, asegurando que ni Rondina ni su estudio están involucrados en juicios de los inundados ni cobrarán honorarios por estos casos.
Además, señalaron que Rondina renunció a más de 5,000 expedientes que podrían vincularse con litigios contra la provincia al asumir su cargo. Afirman que hay fiscales adjuntos designados para manejar cualquier caso anterior a diciembre, cuando Rondina asumió.
Por ahora, se espera una respuesta formal después del receso legislativo y la feria judicial, mientras se prepara un informe para contrarrestar las afirmaciones de Granata. Desde el entorno del fiscal aseguran que la provincia no apeló el fallo de la Corte para no seguir maltratando a las víctimas de una catástrofe que llevan 21 años litigando, además de que las indemnizaciones son relativamente bajas para la provincia.
En resumen, este nuevo enfrentamiento entre Granata y Rondina pone de manifiesto no solo las profundas divisiones políticas sino también las complejidades éticas y legales que rodean a uno de los casos más sensibles en la historia reciente de Santa Fe.
