Los resultados fueron presentados por el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, quien destacó que los procedimientos son parte de una estrategia sostenida para debilitar a las organizaciones criminales y reducir su capacidad operativa.
Según datos oficiales, durante los operativos fueron incautados 5,4 kilos de cocaína, más de 120 kilos de marihuana y plantas de cannabis. Además, se secuestraron 312 teléfonos celulares, 32 armas de fuego, 846 municiones y 43 vehículos.
En materia económica, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 34 millones de pesos y 285.751 dólares que serían producto de actividades ilícitas y forman parte de distintas investigaciones judiciales en curso.
Los procedimientos se desarrollaron en todo el territorio santafesino, con una fuerte presencia en las principales ciudades. En la capital provincial se realizaron 57 allanamientos, mientras que en Rosario se concretaron 46 operativos.
Angelini resaltó que estos resultados son consecuencia del trabajo coordinado entre la PDI y el Ministerio Público de la Acusación, y sostuvo que cada investigación permite avanzar sobre estructuras delictivas complejas mediante tareas de inteligencia criminal y recolección de pruebas.
Asimismo, el funcionario remarcó la importancia de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, al considerar que la norma permitió que la provincia tenga una participación más activa en la persecución del narcomenudeo.
“La Ley de Microtráfico ha sido una de las herramientas más importantes para obtener estos resultados”, afirmó Angelini, quien señaló que los operativos representan golpes directos contra las bandas que buscan controlar territorios para la comercialización de drogas y que suelen estar asociadas a hechos de violencia.
Finalmente, destacó también el trabajo del Servicio Penitenciario para impedir que los líderes de organizaciones criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde las cárceles, y aseguró que la lucha contra el crimen organizado requiere una acción permanente del Estado basada en investigación, inteligencia y presencia territorial.
