La presentación había sido realizada en septiembre de 2025 y apuntaba contra las profesionales identificadas como P.B.A., G.R.S. y N.V.A., a quienes un grupo de abogados también había señalado como presuntas integrantes de una asociación ilícita.
De acuerdo con la denuncia, las psicólogas habrían confeccionado informes sobre menores cuyos padres o madres habían denunciado abusos, con el propósito de respaldar esas acusaciones y limitar el contacto con el otro progenitor.
Sin embargo, las fiscales Guillermina Aiello y Bárbara Glikman concluyeron que no había elementos serios, precisos y verosímiles para sostener una investigación penal.
La Fiscalía no encontró pruebas
En la resolución, señalaron que discrepar con el contenido de un informe psicológico no implica que este sea falso. Para configurar un delito, explicaron, debería demostrarse una intención deliberada de engañar, circunstancia que no pudo acreditarse con evidencia objetiva.
Las profesionales cuestionadas habían detallado en sus trabajos la metodología utilizada y los fundamentos de sus conclusiones. Si bien otros especialistas realizaron críticas, estas estuvieron relacionadas principalmente con los métodos empleados o con la interpretación de conductas y relatos, sin establecer que los informes hubieran sido deliberadamente fraguados.
Las fiscales también descartaron la hipótesis de asociación ilícita. Para que exista ese delito debe comprobarse un acuerdo estable entre varias personas destinado a cometer delitos de manera indeterminada. En este caso, consideraron que compartir criterios, metodologías o determinados enfoques profesionales no alcanza para acreditar la existencia de un pacto criminal.
Por otra parte, la resolución sostuvo que una eventual mala praxis profesional debería ser analizada en el ámbito correspondiente, como el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos, y no necesariamente mediante una investigación penal.
Finalmente, Aiello y Glikman consideraron infundada la sospecha de que el cobro de honorarios por los tratamientos hubiera llevado a las profesionales a incorporar falsedades en sus informes o promover denuncias falsas.
Con esos argumentos, la Fiscalía dispuso el archivo de la causa contra las tres psicólogas.
