La discusión sobre los límites entre lo público y lo privado volvió a escena este fin de semana en San Lorenzo. Y otra vez, de la mano de un dirigente del kirchnerismo. El concejal Esteban Aricó difundió un video en el que denuncia el supuesto “abandono” de un predio ubicado sobre calle Salta. Pero lo que omite —o directamente desconoce— es que ese predio no es público, no es una plaza, no pertenece al patrimonio de los sanlorencinos y no es un sitio histórico. Se trata de un terreno privado de la Orden Franciscana, que en su momento proyectó allí la construcción de un edificio.
La confusión deliberada no es menor. En su intento de trasladar responsabilidades al Estado municipal, Aricó califica al lote como “plaza”, sugiriendo que la ciudad debería hacerse cargo de su mantenimiento. Pero ese predio nunca fue municipal, ni formó parte de ningún inventario histórico. Que un dirigente reclame que el Estado intervenga para resolver el abandono de un bien privado no solo es un error jurídico: es la expresión más pura de una lógica intervencionista que marcó toda una época en la Argentina.
Una vieja confusión del kirchnerismo
Durante años, el kirchnerismo gobernó bajo una premisa constante: que lo público debía absorberlo todo y que el Estado debía cubrir con recursos ajenos las fallas propias y las inversiones mal planificadas. El resultado fue conocido: emisión descontrolada, inflación estructural, destrucción del tejido productivo y un país donde muchos actores dejaron de distinguir responsabilidades básicas.
Esa matriz mental reaparece en el planteo de Aricó. En vez de exigirle a los propietarios que cumplan con su deber —mantenimiento, inversiones, pago de multas en caso de incumplimientos— pide que los sanlorencinos financien con sus impuestos el arreglo de un terreno privado. La misma lógica que hundió al país a fuerza de populismo y desincentivo al esfuerzo: cuando todo es “de todos”, en realidad termina siendo pagado por unos pocos.
Los locales del CERÁFICO: otra mirada sesgada
En el mismo video, Aricó cuestiona la situación de los locales construidos por la Orden Franciscana en el predio donde funcionaba la antigua cancha de fútbol del Ceráfico. Según él, se trata de un “lugar histórico”, como si San Martín y Cabral hubieran jugado penales en una canchita de tierra.
La realidad es mucho más simple: los locales fueron una inversión privada que no funcionó, y como cualquier inversión privada fallida, debe ser resuelta por sus dueños. Ni son patrimonio histórico ni representan un símbolo cultural de la ciudad. Son, lisa y llanamente, parte de un proyecto inmobiliario que no logró consolidarse.
Que el Estado municipal tenga que intervenir allí sería, otra vez, malversar fondos públicos: destinar dinero de los contribuyentes a tapar los errores de un actor privado.
San Lorenzo ya sostiene suficiente patrimonio
Si hay algo que distingue a la ciudad es el esfuerzo permanente para sostener su verdadero patrimonio histórico. Los sanlorencinos mantienen con recursos propios el Convento San Carlos, una joya arquitectónica ligada de forma directa a la historia nacional, y el Campo de la Gloria, símbolo ineludible de la gesta sanmartiniana.
El Estado nacional —en todas sus administraciones— nunca puso un centavo para el mantenimiento de estos monumentos. Aun así, la Municipalidad y los vecinos sostienen año tras año los costos de preservarlos. Ese es el verdadero patrimonio. Y ese esfuerzo merece respeto, no confusión interesada.
