Una bomba

Arzobispos de Rosario y Santa Fe fueron denunciados ante la Justicia Penal

Lo hizo un abogado rosarino y los acusó por los posibles delitos de "usurpación de autoridad, títulos u honores (artículos 246 y 172 del Código Penal), estafas y otras defraudaciones"


Eduardo Eliseo Martín es el actual arzobispo de Rosario y quedó apuntado dentro de la acusación.

Un abogado rosarino se presentó ante la justicia y denunció a los arzobispos Eduardo Eliseo Martín (Rosario) y Sergio Fenoy (Santa Fe) por los posibles delitos de “usurpación de autoridad, títulos u honores, estafas y otras defraudaciones”.

La acusación se formalizó pocas horas después que trascendiera la noticia que ambos prelados abrirán una línea de denuncias sobre posibles casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia,

Según se indicó, tales denuncias serían tomadas con fines de investigaciones eclesiásticas internas y que no implican que las posibles víctimas presenten sus casos en la justicia ordinaria.

“Todo esto se realiza siempre en colaboración con la Justicia Penal, ya que acompañaremos al damnificado ante los jueces en Tribunales”, indicó una alta fuente del Arzobispado de Santa Fe a AireDigital, el portal de noticias santafesino que publicó esta información.

Para el abogado rosarino Carlos Ensink ello puede constituirse en un delito penal.

El arzobispo Sergio Fenoy tiene a su cargo la jurisdicción de Santa Fe y está denunciado por igual.

 

“Están usurpando funciones que corresponden a la autoridad pública, específicamente al Ministerio Publico de la Acusación (MPA), que es el única institución del estado de derecho autorizada a recibir denuncias y que cuenta con un código de procedimiento y garantías constitucionales”, explicó.

“Los monseñores -Eduardo Martin y Sergio Fenoy- están violando las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio consagradas por la Constitución Nacional y Pactos Internacionales; ambos están promoviendo que cualquier persona les denuncie sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos”, agregó.

“Adquieren una falsa representación que asume y ejerciendo funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente, el damnificado es la administración pública y consecuentemente la fe pública; y en cuanto a la defraudación, el damnificado es todo aquel que haya realizado la denuncia violando mediante ardid su privacidad y datos personales”, concluyó en su relato Ensink.

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