Este hecho se suma a la violencia que afecta al país y por la que el Gobierno del presidente Daniel Noboa declaró la semana pasada estado de excepción y conflicto armado interno.
La Fiscalía de Ecuador confirmó que el fiscal Suárez llevaba el proceso penal contra las 13 personas detenidas por terrorismo por la intromisión al canal TC Televisión, ocurrida el 9 de enero en Guayaquil. Posteriormente, la entidad añadió que Suárez tenía asignada protección brindada por la Policía Nacional debido a los casos que investigaba. La mañana de este martes, según la institución, el funcionario indicó que acudiría a una audiencia telemática, “razón por la cual no requería acompañamiento de la escolta que con regularidad se encargaba de su custodia”.
Al confirmar la noticia, la fiscal Salazar dijo en su cuenta de X que las autoridades están realizando las primeras indagatorias sobre el crimen para evitar que quede impune. Describió el suceso como un “hecho atroz” y aseguró que no frenará las actividades de las instituciones de seguridad y justicia contra las organizaciones criminales.
“Voy a ser enfática: los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana, continuaremos con más fuerza y compromiso”, señaló Salazar. La funcionaria no abordó los detalles del caso.
Además, la Fiscalía General del Estado informó a CNN que Suárez pertenecía a la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), que tiene el fin de investigar casos relacionados con delitos de corrupción y crimen organizado.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura de Ecuador publicó un comunicado en el que condenó el asesinato del fiscal César Suárez. “Rechazamos todo acto de violencia contra los servidores de la Función Judicial que son un pilar fundamental en la lucha contra la impunidad”, dijo la institución en su cuenta de X.
El asesinato de Suárez se suma al de dos policías muertos durante la última semana, en el marco de los operativos puestos en marcha tras las declaratorias de estado de excepción y de conflicto armado interno.
