Eran aproximadamente las 21:10 del viernes 8 de mayo cuando el silencio de la calle Dean Funes al 1080 fue interrumpido por el estallido de un cristal y el resplandor de una llamarada. Un individuo solitario, portando una mochila, se acercó a la puerta de la sede del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento – Seccional Rosario y arrojó una bomba molotov que detonó en el rincón del ingreso principal. La magnitud del ataque pudo ser devastadora, pero el azar y la solidaridad civil jugaron un rol determinante: la intervención inmediata de los vecinos, quienes con sus propios matafuegos lograron sofocar el fuego antes de que se extendiera, evitó que las llamas consumieran el edificio o afectaran a las viviendas linderas.
Este hecho no puede leerse como un episodio de vandalismo común, sino como un síntoma de la violencia que suele filtrarse en los sectores estratégicos del Gran Rosario. La historia de los gremios portuarios en la zona registra antecedentes donde las diferencias se han dirimido con ataques directos, como ocurrió años atrás con el SUPA, llegando incluso a incendios en edificios públicos. En esta oportunidad, el ataque golpea a una organización que es pieza crítica en el tablero logístico nacional, en un momento donde la navegación por el río Paraná atraviesa definiciones estructurales de cara al futuro.
El propio Edgardo Arrieta, en una declaración cargada de firmeza tras el atentado, fue contundente al separar este ataque de cualquier conflicto doméstico o de intereses de facción. “No tenemos interna. Nuestras elecciones han pasado en marzo con el 90% de los compañeros que han venido a votar una lista única”, sentenció el histórico dirigente, quien también conduce la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) en la región. Para Arrieta, la explicación del explosivo debe rastrearse en la coherencia y la postura pública del sindicato: el gremio ha sido un actor central en la protesta contra las políticas de ajuste, declarando incluso al presidente de la Nación como “persona no grata” en la ciudad y participando activamente en el apoyo a jubilados, universidades y movimientos sociales.
“Entendemos que nuestra presencia defendiendo a quienes más lo necesitan es lo que aparentemente molesta”, afirmó Arrieta, marcando una distinción ética entre la dirigencia de escritorio y aquellos que sostienen la lucha en el territorio. Actualmente, la investigación está bajo la órbita de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes ya habrían logrado identificar el rostro del agresor a través de filmaciones de cámaras de seguridad provistas por vecinos. Según trascendidos de la causa, las imágenes muestran con claridad el momento en que el violento manipula el artefacto, habiendo estado a punto de prenderse fuego él mismo durante la detonación.
La respuesta institucional de la Confederación General del Trabajo (CGT) fue igual de severa, emitiendo un pronunciamiento el 9 de mayo donde enmarca el atentado en una “escalada de acciones y discursos que buscan amedrentar al movimiento obrero organizado y disciplinar a quienes defienden los derechos de las y los trabajadores”. La central obrera nacional vinculó el ataque a la sede de Rosario con la presión que el Gobierno Nacional ejerce sobre otros sectores del transporte, como las multas millonarias contra La Fraternidad o los cuestionamientos legales hacia la UTA. Para la CGT, naturalizar este tipo de ataques representa una gravedad institucional que pone en jaque la libertad de organización sindical en todo el país.
Hacia el horizonte de 2027, el justicialismo santafesino y las fuerzas del Cordón Industrial interpretan este atentado como una señal de alerta máxima. En una región que es motor de la economía y receptora de inversiones estratégicas, como el reciente anuncio de Molinos Agro en Timbúes, la estabilidad y la paz social son activos que no se pueden poner en riesgo. El ataque a Dragado y Balizamiento es una afrenta directa a la columna vertebral del complejo exportador, y su esclarecimiento será el termómetro de la capacidad del Estado para proteger a quienes representan el trabajo argentino en un contexto de altísima hostilidad política.
