La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó, a través de la Resolución 48/2025, la convocatoria a audiencia pública virtual para el próximo 3 de noviembre a las 9 de la mañana. Allí se pondrá a consideración de la ciudadanía el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal (VNT), en el marco del proceso que desembocará en la nueva licitación nacional e internacional para dragado, señalización y balizamiento.
Se trata de un paso clave en la institucionalización del proceso licitatorio, pero al mismo tiempo genera dudas sobre si la audiencia servirá como un espacio real de debate o si quedará reducida a un trámite burocrático.
El trasfondo ambiental
La convocatoria se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente (25.675), que obligan a someter a consulta las obras con impacto ambiental significativo.
El dragado del Paraná y del Río de la Plata, con el movimiento de millones de metros cúbicos de sedimentos y la alteración de la dinámica fluvial, tiene efectos que van desde la erosión de costas hasta la afectación de especies acuáticas. Por eso, el informe ambiental es un documento sensible: allí se deben evaluar los riesgos y proponer medidas de mitigación, algo que históricamente ha sido cuestionado por organizaciones ambientalistas y académicos.
La ANPYN resolvió que la audiencia será en formato virtual y remoto, lo que permite que cualquier ciudadano, empresa, sindicato, ONG o institución pueda inscribirse para opinar. En principio, se presenta como un avance en términos de federalismo y transparencia.
Sin embargo, persiste una pregunta de fondo: ¿serán tenidas en cuenta las voces críticas o las opiniones quedarán en un expediente sin mayor trascendencia?
Experiencias anteriores muestran que muchas veces las audiencias públicas cumplen con la formalidad de escuchar, pero los pliegos licitatorios avanzan sin modificaciones sustanciales.
Un debate económico de fondo
Más allá de la cuestión ambiental, la Hidrovía es la columna vertebral de la economía argentina. Por allí circula el 80% de las exportaciones, en especial granos, aceites y harinas de soja producidas en el Cordón Industrial de San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes.
El Gobierno proyecta llevar la profundidad de la traza a 40 pies, lo que permitiría que los barcos salgan cargados a tope desde el Up River y reduzcan costos logísticos frente a otros corredores fluviales internacionales.
En este contexto, la audiencia pública aparece como un requisito ambiental, pero con un trasfondo eminentemente económico y político: sin aval social, la legitimidad del proceso licitatorio podría quedar en entredicho.
El rol de la justicia y la transparencia
La resolución de la ANPYN cita antecedentes de la Corte Suprema de Justicia que remarcan la necesidad de participación ciudadana en cuestiones de tarifas y servicios públicos.
La convocatoria se presenta así como un intento de dar respaldo jurídico y democrático a una licitación que será observada con lupa por provincias, cámaras empresarias, gremios portuarios y ONGs ambientales.
Lo que está en juego
La audiencia del 3 de noviembre no definirá el pliego, pero sí marcará el tono político de la licitación. Será la primera vez que la recién creada ANPYN, que reemplaza a la disuelta Administración General de Puertos, se exponga de manera abierta ante la sociedad.
El interrogante central es si este mecanismo se convertirá en un verdadero espacio de participación y control ciudadano o si quedará reducido a un acto formal para legitimar decisiones ya tomadas.
