“No es muy complejo cortar con la gestión de delitos desde la cárcel”
El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, aseguró que con medidas básicas se puede interrumpir las órdenes que cabecillas de las bandas imparten desde el encierro. A la vez pidió retomar planes integrales para pacificar los barrios más calientes de la ciudad, pero aclaró con tono de aviso que para llevar adelante cualquier acción “hay que tomar decisiones políticas desde la seguridad”.
El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, consideró que Rosario atraviesa “un momento cada vez más crítico” en cuanto a la violencia porque “la situación se ha ido agravando progresiva y paulatinamente”. Al mismo tiempo aseguró que “no es muy complejo” cortar con la comunicación desde las cárceles para evitar que los cabecillas de las principales bandas delictivas envíen órdenes hacia el exterior. Sin embargo, dejó en claro que para llevar adelante cualquier acción para frenar los delitos “hace falta tomar decisiones políticas desde la seguridad”.
“Hoy estamos en un momento cada vez más crítico porque desde la investigación se obtienen resultados, se identifican bandas… pero esto se recicla rápidamente”, planteó el titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), entrevistado por Marcelo Fernández en el programa «Con sentido común», de CNN Radio Rosario.
“Hay un dato importante: desde la cárcel se siguen ordenando mucho de estos delitos, en consecuencia se convierte esto en un círculo vicioso porque por más que se identifiquen a algunos autores o se desbaraten alguna bandas, o se las encarcelen, siguen operando con otros actores en la calle. Entonces todo lo que hace al sistema de extorsiones muchos de los homicidios son gestionados desde la cárcel”, agregó.
Según Baclini, “el trasfondo es que las mismas bandas trabajan con el micro y narcotráfico de drogas, y con la gestión del dinero y el dominio del territorio, pero a la vez se han diversificado y trabajan sobre las extorsiones y las balaceras. Es una situación que va en crecimiento: la cantidad de homicidios es la más alta históricamente al día de la fecha”.
El funcionario insistió con que uno de los principales problemas está en la facilidad que tienen personas que cumplen condenas para dar órdenes desde el encierro. “La paradoja es que tenemos una persona que el sistema identificó, encarceló y que está sometiendo a juicio o que en muchos casos ya está juzgada pero que se siente impune porque puede seguir gestionando delitos desde la cárcel. Y el Estado no hace nada para evitar esta situación que es cada vez más explosiva, porque esta posición de impunidad de quienes están condenados y siguen orquestando delitos desde la cárcel naturalmente se envalentonan cada vez más”.
Para el fiscal “no es muy complejo evitar que se sigan gestionando delitos desde la cárcel” con la implementación de medidas básicas y ciertos controles. “Se puede utilizar inhibidores, identificar quiénes son las personas que envían órdenes y disponer algún tipo de sanción por la conducta en la que incurren. Se pueden tomar decisiones desde el ámbito administrativo para que esto no siga ocurriendo”, señaló.
“Pensamos que puede trabajarse con inhibidores de señal que puedan utilizarse por sectores, según en cada una de las cárceles –continuó–. Con esto, que es algo básico, evitamos que sigan impartiendo órdenes y que para hablar se manejen con teléfonos públicos. Se puede organizar esta situación para evitar que siga ocurriendo esta actividad. Es gravísimo que desde la cárcel se puedan gestionar delitos y delitos graves como los que nos están ocurriendo”.
Sobre cómo frenar la conflictividad en ciertos barrios calientes, como Ludueña y Empalme Graneros, Baclini sostuvo que una solución es con lo que denominó una “intervención multiagencial”. Y amplió: “En su momento hicimos una experiencia piloto que dio muy buenos resultados de una intervención multiagencial, porque intervinieron distintos poderes del Estado, en Grandoli y Gutiérrez. Allí bajamos el delito a tasas muy razonables. Con índices de homicidio que eran muy altos en un inicio se bajó a tasas razonables, así como con el delito a la propiedad también. Se puede hacer. Después se fue extendiendo a otros lugares, no solamente Rosario, sino a otras ciudades. Con la pandemia mermó y todavía no pudimos retomarlo”.
En ese sentido, subrayó que “Ludueña es un punto clave para retomar un plan integral que genere distintas acciones del Estado para pacificar”. Y advirtió: “Pero hay que trabajar en forma conjunta con la intervención de la Policía. Necesitamos mucha más policía en la calle para que sea visible y para que se detenga a los autores de los hechos delictivos”.
Justamente, sobre el caso de las pintadas que ocurrieron durante la madrugada de este martes en las fachadas de distintos edificios públicos de la ciudad, el funcionario provincial aseguró: “Que haya podido ocurrir sin ninguna detención muestra el margen de impunidad. Por eso se necesitan más policías en la calle. Esos hechos tienen que ser detectados en el momento y en el lugar, ya que son céntricos y visibles”. Y completó: “Aquí hay un déficit importante que hay que asumirlo. Si se puede hacer eso (las pintadas), obviamente que otro tipo de delitos más graves se pueden cometer también. Por eso creo que hay que empezar por el ABC, que haya más policía en la calle y luego ir con las intervenciones en los barrios. Es algo que se puede hacer con una acción conjunta del Estado. No es muy difícil”.
Baclini se puede desembarcar con un plan integral en Empalme Graneros y Ludueña, “que no son muchas manzanas”. “En el mapa del delito tenemos focalizados los lugares con los homicidios y los hechos graves, así se pueden identificar los lugares más críticos para generar mínimamente una labor de prevención, porque después llegamos detrás de una muerte y no es mucho lo que se puede hacer”, dijo.
Con este panorama, a la hora de explicar una solución tajante para bajar los índices de violencia, sostuvo: “Hay que tomar decisiones políticas que naturalmente van a generar impacto. A partir de ahí hay que abordar los territorios más críticos y llevarlos a límites razonables de delitos. Es muy importante asumir una definición política y empezar a manejar la seguridad, integrada con políticas sociales, pero siempre desde la seguridad”.
