En el marco del debate por la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, uno de los puntos más trascendentes que comienza a discutirse es la posibilidad de implementar el sistema de balotaje para definir los cargos ejecutivos. Esto incluiría la elección de gobernador, intendentes y presidentes comunales.
El planteo es sencillo, pero profundo en sus implicancias: si ningún candidato alcanza un porcentaje de votos mínimo —o una diferencia a establecer respecto a la segunda fuerza— deberá haber una segunda vuelta entre los dos más votados. Se trata del mismo sistema que rige a nivel nacional y en distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que, por ejemplo, permitió que Javier Milei llegara a la Presidencia de la Nación tras haber perdido en las elecciones generales frente a Sergio Massa.
En aquel caso, el acuerdo con el PRO de Mauricio Macri y Patricia Bullrich terminó por consolidar un polo no peronista que capitalizó el voto del descontento y se impuso con claridad. Esa lógica, la de un escenario de tercios o fragmentación, no es ajena a la política santafesina, donde muchas veces las alianzas se cocinan después de los resultados y no antes. Y es justamente allí donde el balotaje gana sentido: porque obliga a que los liderazgos se ordenen y se legitimen con mayorías claras.
Pero esta discusión institucional no ocurre en un vacío. Ocurre en un momento histórico crítico, donde el sistema democrático argentino enfrenta una de sus mayores crisis de representatividad. Hoy, más del 50% del padrón habilitado no vota, vota en blanco o anula su voto. El fenómeno, extendido y en ascenso, no puede ser minimizado como apatía ciudadana. Es, en realidad, un grito mudo de hartazgo. Una señal de advertencia que la dirigencia política no puede seguir ignorando.
Las disputas internas, las mezquindades públicas, el espectáculo constante de la confrontación estéril están generando un rechazo generalizado que erosiona las bases mismas del sistema. Cuando un gobernador, un intendente o un presidente comunal asume con el respaldo efectivo de un 20 o 25% del padrón, la legitimidad se vuelve frágil y el vínculo con la sociedad se resquebraja.
La posibilidad de avanzar hacia un sistema de segunda vuelta para cargos ejecutivos es una herramienta que puede fortalecer esa legitimidad, permitiendo que quien gobierna lo haga con un respaldo mayoritario, con la responsabilidad de haber tejido consensos y de haber seducido incluso a quienes no lo eligieron en primera instancia.
El balotaje no resuelve todos los problemas. Pero obliga a los candidatos a hablarle a más ciudadanos, a tender puentes, a salir del nicho y proyectar hacia una mayoría social real. En tiempos de polarización ruidosa y participación decreciente, no es poca cosa.
Santa Fe tiene la oportunidad de discutir su reforma constitucional en serio. Y el balotaje debe estar en el centro de ese debate. No solo como una cuestión técnica de ingeniería electoral, sino como una señal política clara de que entendemos el mensaje de la sociedad: que la democracia necesita oxígeno, y que la representación tiene que volver a ser real, legítima y masiva.
De lo contrario, seguiremos votando en minoría, eligiendo entre los menos rechazados y pretendiendo que ese contrato social funcione. Y eso, tarde o temprano, pone en riesgo la sustentabilidad del sistema democrático.
