El dirigente del Partido Socialista, Fernando Bassan, participó este lunes de la reunión de la Comisión de Salud del Concejo Municipal de San Lorenzo, donde brindó detalles sobre el proyecto de ordenanza de su autoría que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos iniciales y periódicos para todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo y los concejales de la ciudad.
La iniciativa, presentada semanas atrás, fue bien recibida por los ediles y comenzó a ser tratada de inmediato. “Nos alegra la recepción que tuvo el proyecto y que nos dieran la posibilidad de explayarnos un poco más sobre el objetivo y la finalidad del mismo”, expresó Bassan tras el encuentro.
“Una ordenanza a la altura de la ética y la transparencia”
El dirigente socialista destacó la apertura del debate en el ámbito legislativo local. “Pudimos transmitir también que estamos abiertos a que los concejales puedan hacer sus aportes y enriquecerlo. Creo que entre todos se va a poder construir una ordenanza a la altura de la ética y la transparencia que nos exigen y merecen los sanlorencinos”, señaló.
De la reunión participaron los concejales Giovana Arduino, Martín Cerdera, Gimena Bulla, Esteban Arico y Damián Perassi, quienes integran la comisión.
Un paso hacia la integridad institucional
En los fundamentos del proyecto, Bassan plantea que la medida busca “fortalecer la integridad institucional y la confianza ciudadana en la función pública”, subrayando que el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar el desempeño de quienes ejercen cargos políticos y de responsabilidad.
El texto remarca que los funcionarios “deben ser ejemplo de conducta para la ciudadanía” y que la adopción de este tipo de controles ya ha sido implementada en otras provincias y municipios del país, como parte de políticas activas de ética pública y transparencia.
Autoridad de aplicación y sanciones previstas
De aprobarse, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Salud Municipal, que deberá definir el protocolo de análisis toxicológicos y suscribir convenios con instituciones sanitarias habilitadas para realizar los estudios.
El articulado también establece que un resultado positivo o la negativa injustificada a someterse al examen será considerada falta grave, aplicándose las sanciones previstas en la normativa vigente.
Mesa de trabajo por la transparencia pública
El proyecto abre la posibilidad de constituir una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y el Concejo Municipal para definir los procedimientos técnicos, administrativos y comunicacionales que garanticen la correcta implementación de los controles.
“Es fundamental que este proceso se dé con responsabilidad y consenso político”, destacó Bassan, quien reiteró que la propuesta no apunta a la persecución, sino a consolidar valores éticos y ejemplaridad en el ejercicio de la función pública.
Un debate que crece en todo el país
La iniciativa se enmarca en una tendencia creciente en distintos puntos del país, donde gobiernos provinciales y municipales han comenzado a exigir controles toxicológicos a funcionarios como parte de las políticas de transparencia.
Para Bassan, “no se trata solo de un examen médico, sino de un compromiso con la ciudadanía: demostrar que quienes ocupan cargos públicos están dispuestos a someterse a las mismas reglas de responsabilidad que se le piden al resto de la sociedad”.
