La Secretaría de Energía de la Nación fijó nuevamente un precio para el biodiésel que queda por debajo de los costos de producción y del valor que establece la fórmula oficial vigente. Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 369/2025, el Gobierno dispuso que en septiembre las pymes del sector deberán abastecer a las petroleras a $1.408.687 por tonelada más IVA, cifra que representa un incremento del 4% respecto de agosto, pero que resulta 8,7% inferior al valor legal calculado en $1.543.663.
En términos prácticos, esto implica que el precio reconocido es $134.976 menos de lo que marca la fórmula, y casi $260.000 menos si se toma el tipo de cambio vigente el mismo día de publicación. Para las empresas del sector, se trata de la confirmación de una tendencia que ya acumula 15 meses de quebranto.
Reclamo urgente al Gobierno
Las cámaras que agrupan a las elaboradoras de biodiésel —CASFER, CAPBA y CEPREB— presentaron una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que advierten que el escenario compromete la continuidad de las plantas, el empleo y las inversiones en curso.
“Ahora ya son 15 los meses de pérdida. Ante el incumplimiento de la fórmula de precio otra vez, solicitamos una audiencia urgente con el ministro Caputo”, advirtieron desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER).
Las entidades remarcaron que el biodiésel cumple un rol estratégico en la transición energética y en el abastecimiento seguro de combustibles, pero que los precios regulados se mantienen sistemáticamente por debajo de los costos de producción.
Capacidad ociosa y riesgo laboral
El reclamo tiene un peso particular en Santa Fe, donde funcionan 16 plantas elaboradoras de biodiésel: 10 pymes que procesan aceite de soja de terceros para abastecer el corte obligatorio, y 6 grandes empresas integradas que producen su propia materia prima y exportan. En conjunto, generan el 82% del biodiésel nacional.
“El sector está con una capacidad ociosa del 80%”, explicó el presidente de CASFER, Marcelo Kusznierz, quien advirtió que las pymes santafesinas “todavía mantienen la estructura, pero de seguir el desfasaje se adelantarán vacaciones y podría haber suspensiones de personal, como ya está ocurriendo en otras provincias donde incluso hubo despidos”.
Sin impacto significativo en surtidor
En la misiva enviada a Economía, las cámaras recordaron que en reuniones previas con el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y el subsecretario de Combustibles, Federico Veller, presentaron estudios que demuestran que aplicar la fórmula legal no generaría un impacto significativo en el surtidor.
De hecho, mientras entre junio de 2024 y agosto de 2025 los aumentos en el gasoil por impuestos (ICL e ICO) sumaron cerca de $96 por litro, el aporte del biodiésel fue apenas de $34.
Incluso el propio González reconoció la necesidad de que el tema sea tratado directamente por Caputo. Las entidades reclaman que se compatibilice la sostenibilidad de la cadena productiva con los objetivos de estabilidad macroeconómica del Gobierno.
El futuro inmediato
Con este nuevo valor, el sector del biodiésel acumula más de un año operando en condiciones de quebranto. Las pymes sostienen que la Secretaría de Energía continúa forzando a la industria a producir con precios artificialmente deprimidos, lo que ya afecta la capacidad de cubrir los costos variables.
La continuidad de esta política abre un escenario de alta incertidumbre: riesgo de suspensiones en Santa Fe, adelanto de vacaciones, caída de inversiones y, en el extremo, cierres de plantas que hoy aportan gran parte del abastecimiento del corte de gasoil en la Argentina.
