Denuncia penal

BNA generó deudas por 30.000 M con tarjetas de crédito para titulares de planes sociales

Directorio y funcionarios K cuestionados deben rendir cuentas ante la justicia ordinaria, sin apoyo de autoridades de gobierno. Entre otras denuncias deberán explicar porque no otorgaron crédito a una cooperativa líder de la industria vitivinícola

Javier Milei fue proclamado como ganador en la elección presidencial. El gremialista Sergio Palazzo se quedó huérfano por la derrota, y entre los suyos están quienes aumentan sus bienes o mejoran su reputación o carrera con artimañas particulares, afectando a compañeros que preservan valores. El presidente electo promete fuertes cambios para destronar aquella lógica.

Santiago Bausili será presidente del Banco Central, autoridad sobre los bancos. Está particularmente atento a la saga del Nación y tiene los informes en su mano. Para la presidencia y vice han sido designados Daniel Tillard y Darío Wasserman, respectivamente.

La última reunión del directorio saliente confirmó a María del Carmen Barros como adscripta a la gerencia de Gastón Álvarez, una dupla que ha combinado en varios hechos cuestionables a la luz de la justicia penal. Perciben todos los beneficios laborales y salariales.

La gestión de Martín Román Rayib a cargo de la subgerencia general de Banca personas es deficiente, cuentan. Obtuvo el beneplácito y el empuje de Gastón Álvarez, con una “idea”: colocar tarjetas de crédito a un nivel de clientes de medio/alto riesgo de manera masiva. Concretamente, titulares de planes sociales.

La campaña se llevó a cabo rápidamente y, para aprobar en ese estándar, se requería un scoring normativo, un puntaje por el que el banco califica a sus clientes y, en función de ello ofrece productos. Se ajustaron los parámetros al mínimo, pero aun así no era factible para ese estatus de consumidores. Se realizaron numerosas simulaciones y ajustes, contradictorios entre sí para proceder.

Las premisas fueron modificadas a un extremo tal que no compatibilizaban con los estándares de mínima. Sin embargo, el directorio fue proclive a la propuesta de Álvarez y aprobó el proyecto a fines del año 2020. El target apuntado hizo blanco en titulares de planes sociales con un resultado, pero fue un desastre que pesa al patrimonio del banco.

Las bajas de las tarjetas de crédito excedían en número a las altas; la morosidad superaba en cantidad a las nuevas habilitaciones. El programa se desactivó en septiembre de 2023, a la par de que inició un nuevo modelo, con intención de corregir la mala performance. Vale tener en cuenta que el scoring, a esta altura de los acontecimientos, no contemplaba ni siquiera el salario mínimo vital y móvil, por eso se cambió al estándar de las tarjetas Visa y Mastercard, nuevamente.

Al momento de retirarse el directorio Álvarez pretende una resolución que dibuje el faltante en los estados contables, lisa y llanamente. Se trata de 300.000 cuentas beneficiarias, a las que otorgaron tarjetas de crédito vía internet y que acumularon una deuda próxima a los $ 30.000.000.000.- finalizado noviembre. Sorprende la indiferente complacencia del directorio saliente.

En otro caso próximo, en YPF se resolvió desplazar a Alejandro Daniel Lew, del cargo de gerente Financiero. Está sospechado de corrupción, por ello enfrenta varios cargos penales. En el Nación perdura la mofa.

Una multiplicidad de fuentes está asombrada por la capacidad osada de Álvarez para vender al directorio propuestas con ilustres power point, sin exhibir datos de gestión real, escondiendo su mala performance. Quiere ser el próximo a ocupar la gerencia general, pero no parece percatarse de la sombra judicial que se proyecta sobre él.

El actual titular en ese cargo, Carlos Rovetto, está secundado por su asistente Carlos Miranda. Ellos trazan un esquema para presentar a las nuevas autoridades. Se observa que no queden impunes los errores citados.

Sin contrapeso administrativo, decía la crónica, está el manejo caprichoso de Gastón Álvarez por lo que aparece una nueva denuncia penal en su contra y el directorio saliente. Esta vez, es de parte de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA) en la figura de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Se debe a la negativa de otorgarles un crédito que históricamente les han brindado para cosecha y acarreo en favor de productores de baja escala. El Nación alega que no puede haber préstamo porque ha empeorado la calificación de la cooperativa, quien en realidad mantiene su estándar intachable según corrobora la información oficial del BCRA con los once bancos que opera, incluyendo el Nación, en situación normal.

La exposición máxima otorgada para el período 2021/2022 fue de $ 2.600.000.000.- y para el ejercicio 2022/2023 consistió en $ 4.200.000.000.-, por si hay dudas de su capacidad financiera.

En mérito a la capacidad de FECOVITA, es conveniente aclarar que fracciona 16 millones de litros por mes, vale decir 500.000 litros de vino por día. En términos económicos, ha facturado en junio del 2023, $ 7.500.000.000.-, es decir, $ 250.000.000.- por día.

FECOVITA, todos los años gestiona un préstamo para asistir a los productores en la cosecha. Un total de 5.000 productores de baja escala -5 Ha por unidad- requiere dinero que le piden a la Cooperativa, y ésta lo gestiona en FECOVITA que, a su vez se lo liquida al productor, sin exigir garantía alguna. Mensualmente descuentan a la Cooperativa que en consecuencia procede con cada productor solicitante. Así, obtiene un préstamo sin recurrir al sistema financiero y sin dar garantía alguna. Obviamente, los bancos lo saben.

El origen de la controversia se debe a que, a principios del año 2021 FECOVITA e Iberte, empresa eslovaca, conformaron una sociedad llamada Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA), para exportar vino y mosto a Europa del Este, aprovechando su supuesta agenda por esos mercados, apalancado en el abastecimiento de su nueva socia.

Ambos suscribieron contratos de consignación para exportación de mercaderías bajo el régimen de consignación de parte de la cooperativa. Con posterioridad, Iberte incumplió con informar a FECOVITA sobre el cobro de divisas de las exportaciones en consignación. Se trata de u$s 20.000.000.- de los que solamente pagaron u$s 7.700.000.- todo, bajo la gestión de Juan José Retamero y Guillermo García en favor de Iberte, según la denuncia penal.

Por esta razón, la federación de cooperativas le inició demanda de cobro internacional, sumado a una querella penal por Administración fraudulenta a Retamero y García, con posibilidad de extenderla a sus asesores. Además, inició otra por extorsión que tramita en la justicia de Mendoza.

García presentó una denuncia por balance falso a FECOVITA y otra por desbaratamiento de derechos a la mesa ejecutiva de la cooperativa, que fue desestimada por la Justicia en noviembre pasado.

En el transcurso de la sociedad, existieron desencuentros en los objetivos originales de la empresa. En vez de ampliar los mercados, Iberte comenzó a ofrecer productos a la cartera de clientes de la cooperativa. En consecuencia, en mayo 2022 se impulsó una salida consensuada al acuerdo comercial. Sobrevinieron reproches y, con las desavenencias, FECOVITA inició reclamos por la vía judicial a cobros pendientes. Como respuesta, Iberté pidió la quiebra que fue rechazada de plano por la justicia civil y comercial al no existir deudas.

La juez concursal al denegar el pedido, destacó que no había a favor de Iberté deuda exigible contra FECOVITA y que esta última no estaba en situación de cesación de pago, remarcando que todas las medidas cautelares solicitadas por Iberte eran claramente inquisitivas.

En la denuncia penal, cuya investigación recayó en manos del Fiscal Carlos Stornelli se da cuenta que para el caso del BANCO NACION, el balance fue analizado por el auditor de Cooperativas, Claudio De Angelis quien opinó favorablemente sobre el mismo. Por ello FECOVITA, pidió un incremento del monto llegando a $ 6.300.000.000.- a Julio del 2023.

Como réplica salida de la nada, el banco –Gastón Álvarez- pidió explicaciones sobre el pedido de quiebra solicitado por la ex socia, Iberte. La intempestiva aparición en coincidencia con el pleito comercial llamó poderosamente la atención de los cooperativistas: el lobby dentro del Nación era un claro perjuicio intencional.

A nadie sorprende la arbitrariedad de Álvarez, quien se hizo eco de una nota periodística que se la envió por WhatsApp a Jorge Zingale, el contador cooperativista, en referencia a internas del banco, mostrando su inclinación en tono y temperatura que afectaban los intereses de FECOVITA.

El 27 de septiembre pasado se le comunicó al Nación que el segundo Juzgado de Concursos había rechazado categóricamente el pedido de quiebra realizado por Iberte, encontrándolo infundado.

Gastón Álvarez, gerente principal de Negocios ya tiene serios cuestionamientos por el fracaso de su gestión. El fiscal Carlos Stornelli trabaja con esta denuncia penal en su contra.

Por Bernardo Basombrío Periodista, escritor y editor, especial para SL24