La resolución provincial representa un freno concreto a uno de los ejes de la desregulación de la navegación impulsada desde la Nación y vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado en la protección del trabajo, la seguridad portuaria y la soberanía.
Desde el gremio destacaron que la decisión “implica la defensa de puestos de trabajo vitales para la protección de nuestros puertos y de nuestra soberanía”, al tiempo que remarcaron que el Estado debe actuar como “eje rector en el cuidado de los puestos de trabajo y la soberanía nacional”, y no como un obstáculo para funciones clave de la actividad marítima y fluvial.
Qué establece el DNU 342/25 y por qué generó rechazo
El DNU 342/25, promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, introdujo cambios profundos en el régimen de la navegación comercial. Entre ellos, habilitó que la contratación de Serenos de Buques dejara de ser obligatoria, otorgando a las agencias marítimas la potestad de decidir si incorporaban o no este servicio.
Hasta la entrada en vigencia del decreto, la presencia de Serenos de Buques era una actividad obligatoria en los puertos, asociada a tareas de vigilancia, control, seguridad operativa y resguardo de las embarcaciones. Para los gremios del sector, la optatividad no solo pone en riesgo fuentes laborales, sino que debilita los estándares de seguridad portuaria y marítima.
La posición de la Provincia y los gremios
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, junto con los sindicatos con actuación en los puertos bonaerenses, resistió desde el inicio la aplicación del decreto nacional. La resolución de la cartera laboral provincial formaliza esa postura y marca un antecedente político y jurídico relevante.
En su comunicado, Siconara fue contundente al sostener que los Serenos de Buques, al igual que la tripulación y el personal en tierra, “no son optativos, sino necesarios y obligatorios”, subrayando que su rol está directamente vinculado con la seguridad de las operaciones y la defensa de la Marina Mercante.
Un antecedente que interpela al resto del país
El sindicato llamó a todas las provincias con litoral fluvial y marítimo a adoptar decisiones similares a la de Buenos Aires, con el objetivo de frenar la aplicación del DNU en sus jurisdicciones y sostener el carácter obligatorio de estas tareas.
La disputa abre un nuevo capítulo en el conflicto entre la política de desregulación del Gobierno nacional y las provincias que buscan preservar empleo, seguridad y soberanía en los puertos. La resolución bonaerense no solo tiene impacto local, sino que puede convertirse en un precedente clave para el resto del sistema portuario argentino.
