El intendente Leonardo Raimundo recibió el lunes a Laura Dagorret y Natalia Martorell, miembros del Centro de Ayuda al Discapacitado (CADI), institución a la que la Municipalidad destinó los $16.800.000 que generó la compactación de vehículos abandonados en el Corralón Municipal.
CADI es un taller protegido con tres líneas de producción (polietileno, telares y fraccionamiento de productos de limpieza con venta al público) en el que trabajan 45 personas con discapacidad. En el marco de su 30º aniversario, el aporte económico les permitirá sanear sus cuentas y stockearse de materia prima para darle continuidad a la actividad productiva y sostener las fuentes de empleo.
“Esto nos da un alivio importante teniendo en cuenta que el año pasado casi cerramos. Ahora podemos respirar y abastecernos para poder seguir produciendo y comercializando y mantener el trabajo para los 45 operarios. Estamos agradecidos con la Municipalidad porque cada vez que golpeamos las puertas, siempre hay buena predisposición y respuesta”, expresó Dagorret.
Por su parte, Raimundo, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Innovación Tecnológica y Gestión, Alejandro Felcaro, destacó el trabajo que realiza CADI: “Es una institución modelo de la ciudad, que como muchas otras venía atravesando problemas económicos. Estos casi 17 millones de pesos les permiten salir de la angustia de las deudas y stockearse con el material con el que los operarios llevan adelante su labor cotidiana. Es una gran noticia para una institución de San Lorenzo que es muy querida por todo el trabajo que viene haciendo desde hace muchos años”.
La compactación, un círculo virtuoso
A fines de febrero se llevó a cabo la compactación de mil vehículos, que arrojó como resultado 223 toneladas de chatarra equivalentes a 16.800.000 de pesos, destinados a CADI.
Las acciones se desarrollaron en el marco del Programa Nacional de descontaminación y compactación de vehículos, desarrollado en respuesta a la problemática social y ambiental que genera el incremento del parque automotor en el Corralón y la consecuente acumulación de vehículos abandonados y/o secuestrados. Además, la administración local incluyó en la compactación los escapes de motos modificados, práctica que prohíbe la ley Nº 24449.
Luego de los plazos legales de custodia, los vehículos secuestrados fueron sometidos a un proceso administrativo y logístico para reducirlos a chatarra y separar el material reutilizable de los fluidos contaminantes. La normativa establece un plazo mínimo de 6 meses, aunque en este caso la Municipalidad de San Lorenzo realizó el corte en noviembre de 2022. Asimismo publicó un edicto para dar aviso sobre la ejecución del proceso a los propietarios de los vehículos y a la población en general.
El producto económico de la chatarra generada de la disposición y compactación de los rodados se entrega a entidades de bien público, según lo indica la Resolución 542/2021 del Ministerio de Seguridad de la Nación.
De esta manera se construye un círculo de recuperación del espacio público, cuidado del ambiente y reutilización social de bienes producto del abandono. Además de su contribución solidaria, esta acción tiene un impacto ecológico positivo, ya que los autos en estado de abandono contaminan la tierra, el aire y las napas de agua, lo que favorece al fenómeno denominado “lluvia ácida”.
