La Cámara Federal de Rosario emitió un fallo que pone un nuevo freno a las obras de dragado y modificación de trazas en la Vía Navegable Troncal (VNT). Se trata de una decisión que profundiza la incertidumbre sobre la futura concesión de la hidrovía y expone los problemas estructurales que, desde hace una década, impiden avanzar con una licitación para la gestión del canal fluvial más estratégico del país.
La resolución responde a un amparo ambiental presentado por las asociaciones UPVA (Unidos por la Vida y el Medio Ambiente) y AAdeAA (Abogados y Profesionales Ambientalistas), quienes denunciaron la falta de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la inexistencia de participación ciudadana en las obras desarrolladas sobre el brazo derecho del río Paraná, frente a Ramallo.
Según el fallo firmado por los jueces Aníbal Pineda y Élida Vidal, el accionar estatal en materia de obras y mantenimiento de la hidrovía presenta un “derrotero de irregularidades e ilegalidades” que afectan directamente los sistemas de humedales, la biodiversidad y la salud pública de las comunidades ribereñas.
“La ausencia de la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental aprobada y la falta de celebración de la correspondiente audiencia pública […] son infracciones que justifican por sí solas la medida cautelar”, sostiene la sentencia del 4 de julio de 2025.
Entre los puntos más relevantes del fallo, se ordena a la Administración General de Puertos (hoy disuelta y reconvertida en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación) presentar informes detallados sobre el estado actual de las obras, metros cúbicos dragados, ensanchamientos, y estudios hidrométricos. También se exige declarar si se inició o no el proceso de EIA conforme a la ley 25.675.
¿Más trabas para aumentar el calado?
Esta resolución judicial se inscribe en un contexto político e institucional incierto. Desde la finalización de la concesión original en 2015, la hidrovía funciona bajo distintos esquemas provisorios sin que se haya concretado una licitación definitiva. El intento del gobierno de Alberto Fernández de nacionalizar su administración, primero bajo la AGP y luego bajo un Ente de Control, derivó en mayor complejidad técnica, institucional y ambiental.
Este nuevo revés judicial complica aún más la posibilidad de avanzar con las obras de profundización del canal y el cambio de traza necesarios para aumentar el calado de la VNT, medida clave para que los buques de ultramar puedan cargar más toneladas directamente en los puertos del complejo agroexportador Up River.
Mientras se mantiene la incertidumbre, los barcos deben seguir completando carga en puertos de aguas profundas del sur bonaerense, con el consiguiente aumento de costos logísticos y pérdida de competitividad para las exportaciones argentinas.
El fallo también toma como elemento sustancial el dictamen emitido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que había advertido sobre irregularidades en los pliegos de la Licitación Pública Nacional e Internacional 1/2024 para la concesión de la hidrovía.
La justicia federal exige ahora a los organismos estatales que presenten ese dictamen completo, el estudio ambiental citado (que data de 2011), y que confirmen si se inició el proceso técnico-administrativo de evaluación ambiental con participación ciudadana.
