Las principales cámaras del sector de biodiesel en Argentina presentaron un duro reclamo ante la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía por lo que consideran una política de precios “arbitraria” que las obliga a producir en condiciones de pérdida. Según las estimaciones presentadas en una nota enviada a la secretaria María Tettamanti, el quebranto operativo acumulado supera los 45 millones de dólares.
El documento fue firmado por la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), la Cámara Santafesina de Biocombustibles (CASFER) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), que agrupan a las firmas encargadas de abastecer el corte obligatorio de biodiesel establecido por la Ley 27.640.
Las entidades denuncian que el precio por tonelada fijado por el Estado es sistemáticamente inferior al establecido por la metodología oficial (Resolución 963/2023), lo que no solo eliminó cualquier rentabilidad, sino que directamente obligó a las plantas a trabajar con márgenes negativos. “Esta arbitrariedad constituye un abuso y será responsable de la crisis financiera que desembocará en suspensiones y despidos”, advierten.
Como si esto fuera poco, la reciente decisión del presidente Javier Milei de bajar las retenciones al aceite de soja del 31% al 24,5% encareció aún más el insumo principal para las productoras de biodiesel. “La medida fue presentada como un incentivo a la exportación, pero terminó afectando de lleno a quienes usamos ese aceite como materia prima en el mercado interno”, explicaron.
En cifras concretas, la industria dejó de percibir 76 millones de dólares entre quebranto operativo y rentabilidad legal no cobrada.
Las cámaras advirtieron que la situación es insostenible y exigieron que el Estado vuelva a aplicar los criterios técnicos para fijar los precios del biodiesel, como lo establece la normativa vigente. “No pedimos beneficios, sino simplemente que se cumpla la ley. De lo contrario, el desmantelamiento del sector será inevitable”, concluyeron.
