La Cámara Federal de Casación Penal asestó un duro revés a la estrategia defensiva del exjuez federal de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, y ordenó este lunes la continuidad inmediata del proceso penal en su contra por presuntas maniobras de corrupción y extorsión.
La Sala IV, integrada por los magistrados Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella, rechazando los planteos de las defensas que habían logrado paralizar el expediente.
El freno al avance de la causa hacia el debate oral había sido dispuesto por el juez Aníbal Pineda (del Colegio de Jueces con funciones de revisión de Rosario), quien ordenó suspender el trámite hasta que la Corte Suprema de Justicia resolviera una controversia técnica sobre qué código procesal penal debía aplicarse. Sin embargo, Casación le dio la razón a la fiscalía, argumentando que esa paralización sine die (sin plazo) carecía de respaldo legal.
En el voto inicial, el juez Petrone subrayó que la suspensión fue dictada “por fuera de toda previsión legal” y que atentaba directamente contra los principios de “celeridad, simplicidad, desformalización y plazo razonable”. Mahiques y Hornos adhirieron a esta postura, remarcando que ante cuestiones “meramente ritualistas” debe priorizarse una pronta administración de justicia.
La red de extorsiones y el rol de los acusados
Marcelo Bailaque, quien dejó su cargo en el Juzgado Federal N° 4 el 1° de julio de 2025 tras la aceptación de su renuncia, enfrenta acusaciones de extrema gravedad institucional. Según la investigación fiscal, el exmagistrado habría operado en conjunto con el escribano Santiago Busaniche, el empresario Fernando Whpei y el exfuncionario de la AFIP Carlos Vaudagna para presionar a empresarios mediante el uso de actuaciones judiciales y fiscales.
El expediente detalla que, en uno de los casos investigados, la presunta red delictiva exigió el pago de USD 200.000 a un empresario para evitar que fuera perjudicado en una causa penal. Finalmente, la víctima habría concretado la entrega de USD 160.000. En esta operatoria, Busaniche está señalado por su presunta intervención como intermediario.
La defensa del escribano intentó frenar el proceso cuestionando un supuesto cambio en su rol dentro de la acusación (de partícipe necesario a instigador) y pidió anular el acuerdo de colaboración entre Whpei y la fiscalía. Todos estos planteos fueron rechazados de plano por Casación, que consideró que no existía una cuestión federal suficiente para habilitar dicha revisión.
Rechazo a planteos probatorios
En una segunda resolución paralela, el tribunal también declaró inadmisible un recurso exclusivo de la defensa de Bailaque respecto a la exclusión de determinados testigos y la admisión de otras declaraciones. Los camaristas concluyeron que las resoluciones sobre pruebas previas al juicio no son sentencias definitivas y que la defensa no logró demostrar un perjuicio irreparable que justificara la intervención excepcional de Casación.
De esta manera, la causa retoma su cauce procesal natural. Mientras la Corte Suprema define la controversia sobre el régimen procesal, el proceso contra Bailaque y Busaniche continuará su marcha hacia el juicio oral.
