La crisis en el sector de biocombustibles sumó un nuevo capítulo con la intimación formal presentada por la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA) al Gobierno nacional. A través de un documento dirigido a la Secretaría de Energía, las entidades reclamaron la inmediata publicación del precio de venta del biodiesel correspondiente a septiembre de 2025, que al día 9 del mes aún no había sido oficializado, incumpliendo la normativa vigente.
De acuerdo con el cálculo técnico presentado en el anexo de la nota, el precio de referencia debería fijarse en 1.543.663 pesos por tonelada más IVA, un valor que surge de la fórmula establecida en el artículo 3 de la Resolución 963/2023. Sin embargo, las cámaras remarcaron que desde julio de 2024 los precios publicados por la Secretaría se apartaron del mandato del artículo 14 de la Ley 27.640, que exige que los valores reflejen los costos de producción y aseguren la sustentabilidad económica de la industria.
Pérdidas acumuladas: casi 80 millones de dólares
El documento revela que la política de fijación de precios por debajo de los costos reales ya provocó una pérdida de ingresos de 78,8 millones de dólares para las empresas elaboradoras, mientras que el quebranto operativo acumulado asciende a 45,5 millones de dólares. Este rojo, advierten, amenaza directamente la continuidad de las plantas, que llevan más de un año operando a pérdida.
Las cámaras aportaron además evidencia empírica sobre la incidencia del tipo de cambio en el cálculo del precio. El esquema actual utiliza un promedio mensual de cotizaciones previo al inicio de cada período, lo que genera un sesgo negativo permanente para los productores. De los 189 meses analizados desde 2010, en 175 el tipo de cambio promedio del mes en curso fue mayor al del mes anterior, lo que significa que casi siempre el valor tomado para calcular el precio queda atrasado respecto del dólar vigente al momento de pagar insumos y materias primas.
2025.09.09 Nota Intimación CASFER-CAPBA por Precio Sept by SL24 Portal de Noticias
En el caso concreto de septiembre 2025, el precio se calculó con un tipo de cambio promedio de $1.316 por dólar, mientras que al momento de facturación la cotización real era de $1.432. Esa diferencia, remarcan, implica una descapitalización de 94 dólares por tonelada entregada.
Reclamo de corrección estructural
Ante esta situación, CASFER y CAPBA volvieron a insistir en una propuesta concreta: dolarizar la fijación del precio del biodiesel, estableciéndolo directamente en dólares por tonelada, tal como ocurre con otros combustibles que se comercializan entre compañías de energía. Esta medida, aseguran, evitaría el sesgo cambiario y permitiría dar previsibilidad a un sector donde el 95% de los costos de producción están dolarizados, desde el aceite de soja y el metanol hasta insumos como metilato de sodio, soda cáustica y ácido sulfúrico.
Las entidades también denunciaron que la decisión administrativa de fijar precios mínimos sin base legal generó una “expropiación regulatoria”, al obligar a las empresas a vender por debajo de sus costos y afectando el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional.
Impacto marginal en surtidor
Uno de los principales argumentos del Gobierno para justificar la política de contención de precios del biodiesel fue la necesidad de evitar aumentos en el gasoil que pagan los consumidores. Sin embargo, las cámaras presentaron cifras que relativizan esa explicación: mientras que entre junio de 2024 y agosto de 2025 el incremento acumulado en surtidor por mayores impuestos ICL e ICO fue de 95,9 pesos por litro, el aumento generado por el biodiesel apenas alcanzó los 34,2 pesos por litro, es decir, casi tres veces menor.
De haberse aplicado la fórmula legal vigente, el impacto adicional en el surtidor hubiera sido de apenas 12,56 pesos por litro, cifra considerada marginal en relación con las variaciones habituales en el mercado de combustibles líquidos.
Advertencia final
En su intimación, CASFER y CAPBA dieron un plazo de 48 horas hábiles a la Secretaría de Energía para que publique el precio de septiembre y garantice la aplicación estricta de la fórmula prevista en la Resolución 963/2023 en los meses subsiguientes. De lo contrario, anticiparon que iniciarán acciones legales para reclamar daños y perjuicios contra el Estado e incluso contra los funcionarios responsables.
Con este nuevo planteo, el conflicto entre el sector de los biocombustibles y el Gobierno nacional vuelve a tensarse. La industria asegura que está en juego no solo la supervivencia de las plantas y empleos directos, sino también la seguridad energética del país, ya que el biodiesel sustituye importaciones de gasoil en dólares.
En un contexto de fuerte volatilidad cambiaria y con las plantas operando a pérdida desde hace más de un año, la definición del precio de septiembre se convirtió en un test de supervivencia para todo el sector.
