La causa penal iniciada contra un grupo de peritos psicólogas acusadas de fraguar diagnósticos para justificar el impedimento de contacto parental en los Tribunales de Familia de Rosario sumó una definición clave. Durante una extensa entrevista en el programa de streaming Expediente 24, conducido por Nicolás Carugatti y Sebastián Soso, el abogado penalista y presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, confirmó que presentó un recurso de revisión formal ante la Fiscalía Regional luego de que los fiscales a cargo desestimaran la denuncia bajo el argumento técnico de no haber hallado elementos para imputar.
Nanni, quien encabeza la presentación penal junto a un colectivo de letrados de la matrícula, cuestionó duramente la inacción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y sostuvo que la causa fue tratada con desinterés probatorio deliberado para blindar al fuero de Familia de las consecuencias procesales e institucionales que acarrearía comprobar la falsedad de los informes técnicos.
La apelación ante el fiscal regional y las pruebas omitidas
El núcleo del reclamo elevado por los abogados denunciantes apunta a revocar la resolución de archivo y obligar a una reapertura integral de la investigación. Nanni explicó que, a lo largo de casi un año de trámite, la fiscalía se limitó a tomar declaraciones testimoniales a los progenitores damnificados y realizar relevamientos superficiales, omitiendo de manera sistemática la batería de medidas urgentes solicitadas por la querella.
En ese sentido, el titular de la Asociación de Penalistas remarcó que nunca se ordenaron allanamientos judiciales ni se dispuso el secuestro preventivo de dispositivos electrónicos, computadoras o teléfonos celulares de las profesionales involucradas. Tampoco se requirieron las historias clínicas originales de los menores, documentos donde constan las evoluciones profesionales y cuya falta de aseguramiento temprano facilitó el riesgo de manipulación o pérdida de evidencia indispensable para acreditar las irregularidades.
Niños de 3 a 5 años como blanco de informes direccionados
Al profundizar sobre el mecanismo denunciado, Nanni describió un patrón de trabajo sistemático orientado a desvincular a los hijos de sus padres o madres sin sustento delictivo real. Según precisó el letrado, los informes psicológicos cuestionados exhibían llamativas coincidencias de formato, términos idénticos y conclusiones prefabricadas que desembocaban de manera invariable en medidas cautelares de restricción de acercamiento e inicio de denuncias penales por abuso.
El profesional subrayó que las pericias estaban dirigidas estratégicamente a un segmento de edad muy específico, concentrado en niños de entre tres y cinco años. Señaló que esa franja etaria no respondía al azar, sino a que los infantes a esa edad carecen de un desarrollo cognitivo consolidado que les permita discernir o resistir la inducción de relatos direccionados durante las entrevistas. De esta forma, se exponía a los menores a repetidas sesiones con asistentes sociales y a prolongadas esperas para Cámaras Gesell que terminaban provocando secuelas emocionales irreversibles en el vínculo familiar.
El cuidado corporativo y la advertencia de juezas de familia
Uno de los momentos más contundentes de la exposición de Nanni en Expediente 24 giró en torno a los motivos institucionales que frenaron la investigación penal. Para el abogado, el MPA optó por archivar la causa debido a una combinación de desidia administrativa y un evidente cuidado corporativo hacia el funcionamiento del Poder Judicial.
El letrado argumentó que constatar penalmente la comisión de delitos en la elaboración de estos diagnósticos habilitaría de inmediato una catarata de pedidos de nulidad sobre cientos de sentencias, exclusiones de hogar y regímenes de comunicación dictados durante años en los juzgados de familia rosarinos. Para ilustrar la gravedad del cuadro, Nanni relató que, en el receso de una audiencia en el interior provincial, dos juezas de familia se le acercaron para transmitirle su respaldo y admitirle en privado que la manipulación de informes por parte de ese mismo grupo pericial era una práctica recurrente y visible que requería un freno urgente.
La repercusión del caso también motorizó proyectos en la Legislatura provincial, como la iniciativa impulsada por la senadora Leticia Di Gregorio para reformar el marco normativo y acortar los plazos de realización de las Cámaras Gesell a un máximo de treinta días, impidiendo que los menores queden atrapados durante más de un año en la incertidumbre procesal.
La postura del foro penal frente a los discursos de Pullaro
En otro tramo del programa, José Nanni abordó la controversia suscitada por las declaraciones públicas del gobernador Maximiliano Pullaro ante el Congreso de Fiscales, donde advirtió que el Estado provincial avanzaría sobre abogados, contadores y escribanos, al tiempo que cuestionó la formación académica en las universidades y descalificó al garantismo constitucional.
El presidente de la Asociación de Penalistas recordó que la entidad fijó una postura pública inmediata: si un abogado utiliza su matrícula para cometer un delito, debe ser denunciado penalmente y sometido al tribunal de disciplina, pero no puede generalizarse una acusación indiscriminada que termine por debilitar el derecho constitucional de defensa en juicio. Reconoció que posteriormente el mandatario provincial aclaró sus términos en una segunda exposición, ratificando el respeto a las garantías procesales.
Para fundamentar la importancia del marco normativo, Nanni citó el trabajo del filósofo de la Universidad de Buenos Aires Andrés Rosler, titulado “Si quiere una garantía compre una tostadora”, recordando que el garantismo en Argentina nació con la recuperación democrática en 1983 como respuesta institucional a los crímenes de la última dictadura militar. Remarcó que el garantismo no equivale a impunidad, sino al cumplimiento de reglas claras de juzgamiento previas para evitar abusos estatales, y advirtió sobre los riesgos de dotar a la policía de facultades de actuación discrecional sin control previo de jueces y fiscales.
La anomalía rosarina y el colapso del sistema penal
Como balance final, Nanni analizó las asimetrías que diferencian la práctica penal de Rosario respecto a otras ciudades como Santa Fe capital, Venado Tuerto, Rafaela o Reconquista. Sostuvo que en Rosario se consolidó una forma de litigar mucho más agresiva, con criterios desmedidos para dictar prisiones preventivas y negar arrestos domiciliarios bajo estándares de prueba sumamente bajos.
El penalista consideró que esta dinámica obedece a que el Poder Judicial absorbió de mala manera la presión de la dirigencia política, intentando utilizar el Código Penal como una herramienta de prevención del delito cuando su función es estrictamente punitiva y posterior. Esta distorsión, concluyó, explica por qué la Oficina de Gestión Judicial y la Cámara de Apelaciones de Rosario se encuentran saturadas cotidianamente, resintiendo la celeridad y la calidad técnica de las resoluciones judiciales.
