La Justicia Federal de Rosario dio un golpe decisivo sobre el entramado económico y societario vinculado a la administración del Puerto de Rosario al ordenar la detención del núcleo familiar directo del empresario y financista Gustavo Shanahan. En el marco de una investigación orientada a desarmar complejas maniobras de lavado de activos, efectivos de Gendarmería Nacional irrumpieron en dos domicilios de alto perfil en la ciudad para incautar documentación contable, teléfonos celulares y vehículos.
Los procedimientos se concretaron de manera simultánea en un departamento ubicado sobre calle Brown al 1600, en el macrocentro rosarino, y en una residencia emplazada en Morrison al 8700, en el corazón residencial de barrio Fisherton. Durante las diligencias fueron detenidos la esposa de Shanahan y sus dos hijos, Esteban y Lucila, quienes quedaron inmediatamente a disposición del tribunal para ser indagados por la conformación de una presunta estructura financiera destinada a incorporar al circuito formal bienes de origen ilícito.
El objetivo central de los allanamientos consiste en reconstruir la ruta patrimonial, los movimientos de cuentas y la adquisición de activos del grupo familiar. Gustavo Shanahan, quien supo manejar las riendas de Terminal Puerto Rosario (TPR) como titular del ente concesionario, arrastra una condena a siete años de prisión por narcotráfico al corroborarse su rol como financista de redes delictivas locales. Pese a gozar actualmente del beneficio de prisión domiciliaria, el empresario deberá comparecer en los tribunales de bulevar Oroño para prestar declaración indagatoria por el delito de lavado de dinero.
La causa abierta en los estrados federales generó un cimbronazo que traspasó de inmediato las fronteras nacionales. En el mismo expediente se resolvió emitir una circular roja ante Interpol para solicitar la captura internacional de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del histórico expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Soley.
La requisitoria internacional contra Pujol Ferrusola responde a la investigación de presuntos sobornos y coimas millonarias desembolsadas durante las etapas de privatización y explotación operativa de los muelles rosarinos. Las pesquisas abiertas en ambos lados del Atlántico conectan transferencias opacas entre sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales con el desembarco del grupo inversor español en la ribera del Paraná, consolidando un megaproceso judicial donde convergen el tráfico de estupefacientes, la corrupción corporativa y la complicidad financiera de cuello blanco.
