La empresa Celulosa Argentina comunicó a la Comisión Nacional de Valores su decisión de presentarse en concurso preventivo de acreedores, conforme a la Ley Nacional 24.522 y lo resuelto en el Acta de Directorio N° 1741. La noticia representa un nuevo golpe para la economía regional, en un contexto en el que la agroindustria y el entramado productivo del Cordón Industrial vuelven a quedar bajo tensión.
La caída en convocatoria de Celulosa constituye otro punto de inflexión grave luego del proceso iniciado por Vicentin, que tras casi seis años de dilaciones judiciales se convirtió en el concurso más extenso y complejo de la historia reciente. En ese lapso, el patrimonio de la agroexportadora se desmoronó y hoy solo alcanza para cubrir alrededor del 22% de las deudas acumuladas, dejando a acreedores y trabajadores en un escenario de pérdidas monumentales.
El ingreso de Celulosa al concurso abre un camino cargado de incertidumbre, especialmente si se toma como ejemplo lo sucedido con Vicentin. Las incógnitas se centran en cómo evolucionará el proceso judicial, qué valor real podrá sostener la empresa y cuál será la respuesta de los acreedores frente a un pasivo cuyo alcance aún no se dimensiona en su totalidad.
En medio de esta coyuntura, los principales afectados son los trabajadores, que observan con preocupación la posibilidad de que el proceso erosione la continuidad de sus empleos, al tiempo que se abre una etapa judicial sin plazos claros ni certezas sobre la viabilidad de la compañía.
La convocatoria de Celulosa Argentina es, en definitiva, otro síntoma de la fragilidad de sectores productivos claves en el corazón industrial del país, donde las decisiones judiciales, las estrategias empresarias y los intereses económicos en juego definen el futuro inmediato de miles de familias y del tejido económico regional.
