La reforma de la Constitución de Santa Fe volvió a encender el debate sobre la autonomía municipal, pero también sobre políticas concretas que podrían incorporarse en el nuevo texto. En la sesión de la Convención Constituyente, el concejal rosarino Juan Monteverde (frente de unidad del peronismo) presentó una propuesta para que la Carta Magna provincial incluya un mandato claro: convertir a los inquilinos en propietarios.
Monteverde afirmó que su compromiso es que la nueva Constitución “hable de la vida real de la gente”, y señaló que para miles de santafesinos pagar un alquiler significa dejar gran parte del sueldo, lo que “da vuelta el sentido de las cosas: pasamos de trabajar para vivir a vivir para trabajar”. Propuso garantizar que quienes se esfuerzan puedan acceder a una vivienda propia como parte de su proyecto de vida.
Pero sus palabras no pasaron desapercibidas. El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, utilizó la red social X para cuestionar duramente al convencional constituyente. Entrecomillando la frase de Monteverde (“Voy a hacer que los inquilinos pasen a ser propietarios. ¿Cómo? Sin angustias”), Chale la calificó de “chantada gigante” y recordó que el peronismo ocupó “todos los cargos de Vivienda” durante la gestión provincial de Omar Perotti y en el gobierno nacional de Alberto Fernández. “Era imposible alquilar y menos comprar una vivienda”, agregó.
El cruce expone la tensión política en el marco de la Convención Constituyente, donde conviven proyectos y visiones opuestas no sólo sobre el alcance de la autonomía municipal, sino también sobre cómo incluir derechos y objetivos sociales concretos en el texto fundamental. Mientras Monteverde busca instalar la problemática habitacional como un mandato constitucional, desde el oficialismo municipal rosarino le reprochan promesas “desconectadas” de la experiencia de gestión reciente.
El debate sobre la vivienda se suma así a otros temas de alta sensibilidad política que la Convención deberá definir, y deja en evidencia que la discusión no quedará limitada a reformas institucionales, sino que también atravesará el terreno de las políticas públicas y las responsabilidades asumidas por cada fuerza en el pasado reciente.
