Según confirmó el funcionario, ya se iniciaron actuaciones administrativas y cerca de 20 efectivos serán pasados a disponibilidad, con retiro de armas reglamentarias y chalecos antibalas. Además, el Gobierno trabaja en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación para investigar posibles delitos cometidos durante la protesta. “No se resignan a perder posiciones de poder y están cruzando límites”, advirtió.
Cococcioni reconoció que el patrullaje se sostiene “con esfuerzo” y alertó sobre el riesgo que implica la paralización de móviles. “Que haya patrulleros fuera de servicio eleva el nivel de riesgo para los rosarinos. Si ocurre un delito, puede haber responsabilidades penales por incumplimiento de deberes”, sostuvo.
El ministro remarcó que el Gobierno está dispuesto a dialogar, pero fue tajante al marcar un límite: “No vamos a negociar la seguridad pública. Esto es un intento de golpear una política de seguridad que está dando resultados”.
También confirmó la coordinación permanente con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y con fuerzas federales para sostener el control territorial mientras se desarrolla el conflicto.
Sobre el trasfondo del reclamo, Cococcioni admitió que existen demandas legítimas dentro de la fuerza y recordó que ya se anunció un paquete de medidas. Sin embargo, aclaró que la política salarial no se discute en paritarias policiales y que las mejoras deben canalizarse dentro del esquema de la administración pública. “No negamos que falten condiciones para el bienestar de los policías, pero sobre ese reclamo se montaron intereses que de legítimos tienen poco”, señaló.
Finalmente, denunció que durante las últimas horas se registraron acciones violentas y antijurídicas, instigación al personal policial, difusión de información falsa e intentos de impedir la salida de móviles. “Algunos abandonaron la seguridad de los rosarinos, mientras otros siguieron trabajando. Tenemos que diferenciar al que cumple del que no cumple”, concluyó.
