Por Nicolás Carugatti
La administración de justicia en el departamento San Lorenzo atraviesa, sin lugar a dudas, su temblor institucional más severo desde los oscuros días posteriores a la desaparición de Paula Perassi en 2011. En aquel entonces, bajo el perimido e inquisitivo sistema penal escrito, la investigación dependía de jueces que delegaban el impulso en fiscales subordinados a su propio criterio. El resultado de aquel diseño institucional fue definido magistralmente por el ministro de la Corte Suprema santafesina, Daniel Erbeta, en las pantallas de Expediente 24: “Una fábrica de impunidad”.
En esa “fábrica”, que tuvo como operarios estelares al juez Eduardo Filocco y al fiscal Ramón Moscetta, los responsables de la desaparición de Paula encontraron la garantía de su libertad, mientras la familia Perassi aún clama por saber dónde están los restos de su hija.
A partir de febrero de 2014, la provincia de Santa Fe dio un salto cualitativo histórico con la implementación del sistema de juicio oral y acusatorio. Una reforma respaldada de manera unánime por los actores del derecho que transformó la persecución penal. Como bien lo graficó el ex Fiscal General Jorge Baclini en Expediente 24: “En 2014, con el viejo sistema, teníamos 4.400 presos. Hoy, 12 años después, hay más de 13.500”. Para aceitar ese engranaje, la propia Corte impulsó herramientas tecnológicas de avanzada, como la plataforma informática Alberdi, diseñada para garantizar que el flujo de información entre las distintas dependencias sea transparente e inquebrantable.
Sin embargo, los sistemas no fallan solos: fallan las personas que los ejecutan. Y lo ocurrido en los últimos días en los Tribunales de San Lorenzo con la excarcelación de Esteban Ramón Delgado deja al descubierto una red de negligencias sistemáticas que retrotraen a la ciudad a sus peores épocas.
El caso Delgado: la cronología del error
Para comprender la gravedad del hecho hay que reconstruir el derrotero procesal. Inicialmente, el fiscal Maximiliano Nicosia imputó a Esteban Delgado por delitos aberrantes contra la integridad sexual de sus hijas biológicas y solicitó la prisión preventiva por el plazo de ley (hasta la concreción del juicio oral). La defensa apeló y la Cámara de Apelaciones acortó dicha medida cautelar fijando su vencimiento para el 2 de julio.
Hasta allí, se trata de discusiones de doctrina y ponderación de riesgos procesales. Lo verdaderamente grave —el eslabón central de esta cadena de irresponsabilidades— ocurrió después.
El fiscal Nicosia omitió informar sobre la readecuación de los plazos (cuyo vencimiento mutó del 5 de diciembre original al 2 de julio) al nuevo fiscal de la unidad de Género, el Dr. Paz, quien acababa de desembarcar en la sede de San Lorenzo para asumir la carga de los casos de violencia familiar y sexual. Ese hiato de información técnica dejó a la acusación a ciegas.
Pero el Ministerio Público de la Acusación no opera aislado. El nexo neurálgico entre la fiscalía y los magistrados es la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Dicha oficina administra las agendas, las audiencias y, fundamentalmente, el cómputo informático de los plazos cautelares. En cualquier sistema inteligente de gestión, el vencimiento inminente de la prisión preventiva de un imputado por abusos agravados debe encender una alerta roja (“red flag”) imposible de soslayar, obligando a notificar de oficio al fiscal de la causa para que este presente los elementos probatorios y solicite la prórroga correspondiente. Nada de esto funcionó. La alerta no existió, la notificación no se cursó y el juez Ariel Cattaneo se vio forzado por imperio de la ley a firmar la excarcelación.
Un expediente dormido durante dos años
Existe un agravante ético e institucional que compromete de manera particular la actuación pretérita del fiscal Nicosia. Las denuncias por los reiterados abusos cometidos por Delgado contra Sofía y su hermana menor estaban en su despacho desde el año 2022.
Durante dos años completos, la fiscalía no instrumentó una sola medida de resguardo, ni un peritaje, ni una acción de investigación concreta. Todo el expediente permaneció juntando polvo en un cajón hasta que en noviembre de 2024 la tragedia sacudió al país: Sofía Delgado desapareció de su hogar y el trasfondo de abuso intrafamiliar emergió como la causa primaria de su tormento. Solo cuando el cuerpo de Sofía fue hallado sin vida se decidió acelerar la detención del padre.
La justicia es un sistema de engranajes: cuando un eslabón falla por desidia, el producto final vuelve a ser la impunidad o, peor aún, la revictimización del eslabón más débil.
Sofía ya no está. Pero el Estado provincial tiene hoy la obligación jurídica y moral de proteger a su hermana, una adolescente de 15 años que fue víctima de los mismos ultrajes. Esta semana, por la negligencia de un fiscal que encajonó la causa en 2022 y olvidó avisar un vencimiento en 2026, y por la inoperancia de un sistema de gestión que no vio la luz roja, esa joven fue arrojada de vuelta al peor lugar de sus pesadillas.
San Lorenzo no puede permitirse volver a la época de los “operarios de la impunidad”. El sistema acusatorio se construyó para erradicar el modelo Filocco-Moscetta; si los funcionarios actuales no están a la altura del rigor procesal que exige la ley, la sociedad y las víctimas quedarán, una vez más, totalmente desamparadas.
