Un reciente relevamiento llevado a cabo por la cartera de Capital Humano de la Nación sacudió los cimientos de la asistencia alimentaria en Argentina. Según los datos obtenidos, el 55% de los comedores comunitarios relevados no existen, evidenciando una crisis en la red de apoyo alimentario del país y el desvío y uso político de una asistencia sumamente necesaria en tiempos de crisis.
Además, de los 44.314 comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM), apenas el 10% fueron oficialmente ‘matriculados’ por la administración del Frente de Todos, y apenas 2.314 recibieron asistencia del Estado según sus necesidades. Esto señala una grave falta de coordinación y distribución de recursos por parte del gobierno.
La investigación de Capital Humano también destapó irregularidades en la gestión anterior, donde el 4,2% de los alimentos secos destinados a comedores y merenderos comunitarios eran desviados de manera discrecional hacia organizaciones sociales afines, antes de llegar a quienes los necesitaban realmente. Este sistema, caracterizado por la opacidad y la falta de rendición de cuentas, fue criticado severamente por los funcionarios de Capital Humano.
En respuesta a estas revelaciones, se anunció un cambio radical en el manejo de la ayuda alimentaria. El 50% del monto total será canalizado a través del Programa Alimentar Comunidad, que proporcionará tarjetas de prepago a los responsables de los comedores, permitiéndoles comprar una variedad de alimentos, incluyendo aquellos con mayor contenido proteico, de manera transparente y sin intermediarios. El otro 50% será destinado a una reserva para emergencias.
La falta de transparencia en la distribución de alimentos también fue motivo de preocupación para diversos sectores de la sociedad. La Conferencia Episcopal instó al gobierno a garantizar que la asistencia llegue sin dilación a quienes la necesitan, mientras que los grupos piqueteros y movimientos sociales denuncian demoras en la entrega de alimentos.
En medio de esta crisis, se espera que los próximos días sean cruciales para determinar cómo se abordará el conflicto y establecer un sistema de distribución de alimentos más transparente y eficiente.
El caso de Santa Fe
El Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe tras auditar el 17% de los comedores -unos 900- que hay en la provincia encontró más de cien Comedores Comunitarios con irregularidades que fueron llevadas a la justicia. Entre las anomalías detectadas, hay casos de domicilios inexistentes, sustitución de identidad, direcciones donde no existe ningún tipo de comedor y falencias a la hora de rendir cuentas por el uso de los fondos que llegan del Estado. Según comentó la ministra Victoria Tejeda en una entrevista con el canal de la provincia, entre enero y febrero de este año el gobierno desembolsó casi $3 mil millones en programas de seguridad alimentaria, atendiendo a más de 300 mil santafesinos. La auditoría realizada buscó controlar mejor estos espacios en el marco de un aumento de la inversión requerida.
