El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dio inicio a las 9 de la mañana de este martes al juicio político contra Gastón Salmain, el suspendido juez federal de Rosario. El organismo deberá resolver si corresponde su destitución en un proceso que no solo pone en el banquillo a un funcionario acusado de corrupción, sino que marca el comienzo de un camino institucional para que la Justicia Federal garantice el cumplimiento de la ley y deje de ser un espacio donde el crimen organizado y los negocios sucios tenían garantizada la impunidad.
El jury comenzó con un duro revés para la estrategia defensiva de Salmain. A pocas horas del inicio del proceso, el Jurado dejó sin efecto la citación del financista Fernando Whpei, cuya declaración había sido solicitada por la propia defensa del magistrado.
La marcha atrás con esta citación se basó en garantías constitucionales. Whpei está procesado en la misma causa penal en la que se encuentra involucrado Salmain y también es investigado en otros expedientes. Además, el propio juez suspendido lo había denunciado penalmente. Al ser notificado de la citación, el financista ejerció su derecho a no declarar ni responder preguntas.
Ante esta situación, el Jurado consideró que corresponde aplicar la garantía constitucional que impide obligar a una persona a declarar sobre hechos por los que está siendo investigada. La resolución argumentó que insistir con su citación carecería de sentido y afectaría las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional y los pactos internacionales. Esta decisión había sido cuestionada previamente por los integrantes del Consejo de la Magistratura que actúan como acusadores: el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre.
Coimas, fuga de dólares y un currículum falso
El peso de las acusaciones contra Gastón Salmain expone un mecanismo de corrupción sistémica. El magistrado está formalmente procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.
La acusación sostiene que habría manipulado un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso y permitir la salida de 10 millones de dólares a cuentas en el exterior entre septiembre de 2023 y abril de 2024. Según la investigación, esta maniobra habría incluido el pago de una coima de 200.000 dólares.
El empresario Whpei, que habría sido beneficiado por la maniobra, declaró como arrepentido en esta causa, expediente en el que también aparece procesado un lobbista judicial señalado como intermediario y en el que también se investiga al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Por esta investigación se había ordenado la detención de Salmain, medida que no se hizo efectiva porque conserva sus fueros, derivando en la decisión unánime del Consejo de la Magistratura de enviarlo a juicio político.
Pero el cobro de sobornos no es la única acusación en su contra. El jury también tiene como antecedente una denuncia vinculada con el currículum que presentó durante el concurso para su nombramiento. Según la acusación, el magistrado omitió informar que había sido echado del Poder Judicial en el año 2002 (cuando trabajaba en el fuero de la Seguridad Social) por haber ofrecido una coima para manipular un sorteo. Salmain sostuvo en su defensa que no informó aquel antecedente porque “no se lo habían preguntado” y por tratarse de un hecho “ocurrido muchos años atrás”.
