A fines de julio, cuando el Gobierno presentó los detalles del servicio “puerta a puerta” para la importación de productos adquiridos a través de páginas web del exterior, los empresarios se pusieron en alerta.
Ese temor se reforzó cuando el secretario de Comercio, Miguel Braun, destacó que, con la reinstalación de este sistema –que había sido dado de baja por el kirchnerismo-, los consumidores iban a tener la “libertad de comprar en el mundo por un monto de dinero razonable”.
Además, el funcionario había celebrado el hecho de que el Estado iba a recaudar impuestos por un nivel equivalente al 50% del valor de los bienes importados y que el mercado se iba a ver beneficiado por una competencia saludable.
Desde cámaras vinculadas con sectores “sensibles” de la economía, como el del calzado, textil y electrónica, rápidamente salieron a cuestionar el sistema.
Los empresarios argumentaban que este régimen, que posibilita a cada argentino convertirse en un “microimportador” con sólo contar con una tarjeta de crédito, podía hundir más a la industria nacional en un contexto de caída generalizada del consumo y en el que las importaciones tradicionales ya venían sacándole cuota de share.
Finalmente, el “puerta a puerta” versión macrista entró en vigencia el 26 de agosto, de modo que ya cumplió los primeros cuatro meses de vida. ¿Qué fue lo que ocurrió a lo largo de este período?
Según datos del Correo Argentino actualizados al 24 de diciembre, a los que accedió iProfesional, de los casi 532.600 paquetes que ingresaron al país a través de este canal, poco más del 50% todavía no pudo llegar a manos de los compradores.
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