En juicio abreviado, el ex jefe policial sanlorencino Gustavo Daniel Spoleti fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, tres años de inhabilitación especial y una multa de casi 2,7 millones de pesos por diversos delitos, entre ellos entorpecer la causa por el crimen de Juan Cruz Vitali, por el que está acusado otro ex integrante de la plana mayor de la Unidad Regional XVII: Sergio Di Franco.
En el Centro de Justicia Penal de Rosario, resolvieron cerrar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía representada por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, aceptado por la defensa, condenando a Spoleti a tres años de ejecución condicional, tres años de inhabilitación especial, multa de 2.629.798 de pesos y reglas de conducta por los delitos de falsificación ideológica de instrumento público en calidad de autor, en concurso ideal con lavado de activos en carácter de coautor y encubrimiento agravado por su condición de funcionario público en concurso delito ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, a su vez en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor.
Gustavo Spoleti, junto a otros dos jefes policiales en su condición de funcionarios públicos, prestó colaboración a Sergio Di Franco para que obtenga una resolución judicial favorable a sus intereses particulares en el marco de la investigación penal que se le sigue en su contra por el homicidio de la víctima Juan Cruz Vitali, asesinado de un tiro en la cabeza el 12 de mayo de 2019 en Capitán Bermúdez, incumpliendo de esta forma los deberes a su cargo y ayudándolo a eludir la investigación. Según la investigación, estas acciones fueron realizadas utilizando su ascendencia sobre la policía de la Unidad Regional XVII.
Asimismo la Fiscalía le atribuyó haber tomado parte en una maniobra de lavado junto a Jorge B. cuando en razón de la construcción de un inmueble de calle Furlong al 1100 de la ciudad de Rosario, la DPAI de la Policía de la Provincia de Santa Fe lo intima a Spoletti para que justifique el incremento de su patrimonio.
En este contexto el condenado lleva a cabo una maniobra con el objeto de simular ingresos lícitos que logren satisfacer este pedido. A esos fines y de común acuerdo con Jorge B. escritura la propiedad de calle Bolivia al 1800 en fecha 12 de febrero del año 2012, cuando éste último no tenía una capacidad económica y financiera que le permita realizar lícitamente dicha operación.
En ocasión de ella se labra una escritura pública por la suma de 354.750 pesos, en donde consta que la deuda se pagó en efectivo al momento de la escrituración y con este instrumento el condenado pretendió justificar su incremento patrimonial aduciendo que la propiedad de calle Bolivia se había vendido en 2010 por un valor de 82.500 dólares y este dinero fue pagado en cuotas de 5.500 dólares cada una, y ello le permitió entonces contar con recursos para construir la casa de calle Furlong.
Esta operación de fecha anterior a la escrituración, sin constancias documentales que acrediten el pago de dinero en efectivo y con una forma de cancelación que contradice lo mencionado en la escritura, se simuló para intentar dar apariencia lícita al dinero utilizado para la construcción de calle Furlong y así entonces poder superar sin consecuencias sancionatorias administrativas y/o penales las resultas de ésta investigación patrimonial.
De esta forma la maniobra se construye antedatando y sobrevaluando la venta del inmueble de calle Bolivia al 1800 de Rosario, realizando esto con posterioridad a la compra y a la edificación de la casa ubicada en Furlong para así poder justificar la diferencia patrimonial detectada por Asuntos Internos.
A Spoleti le establecieron también reglas de conducta a cumplir: a) fijar residencia; b) someterse al control del servicio post penitenciario, presentándose mensualmente ante dicho organismo mientras dure la vigencia de la pena impuesta; c) no cometer nuevos delitos; d) la prohibición de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas; e) obtener o acreditar la existencia de un ingreso lícito; f) prohibición de todo tipo de contacto con los coimputados de la causa.
