La Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario y Santa Fe se sumó al rechazo de la medida anunciada el domingo pasado por el ministro de Economía, Sergio Massa, de abonar una suma fija de $ 60.000 a los trabajadores con salarios de hasta $ 400.000.
La misma se pagaría en dos cuotas mensuales, no sería remunerativa y sería por única vez, absorbible por las paritarias. De acuerdo con el ministro, en el caso de las micropymes el Estado devolverá el 100% de las contribuciones y en pymes, el 50%.
Este lunes, la Cámara de Comercio y Servicios emitió un comunicado en el que manifestó “su profunda preocupación” por esta disposición y este martes, se sumó la Construcción, entendiendo que el sector no está en condiciones de afrontar el pago.
“El sector está claramente en caída; tenemos información de que julio va a dar una baja fuerte del empleo y además, estamos viendo una tendencia a la baja medida por el Indec, con 6 meses consecutivos de bajas interanuales”, indicó a ON24 el gerente de la Delegación local, Rubén Llenas. “Esa tendencia no se va a revertir en el corto plazo, por lo que no tenemos buenas perspectivas para el año que viene, asuma quien asuma”, advirtió.
En ese sentido, indicó que la medida del gobierno “obliga a hacer una erogación que las empresas no tienen planificada” y explicó: “Nosotros conocemos cuál es la situación y, fundamentalmente, la obra pública está con atrasos en los pagos y con licuación de los ajustes por redeterminación de precios, por lo que entendemos que la mayoría de las empresas van a tener dificultades para afrontar el pago”.
Consultado sobre si esta medida podía ser esperable dado el resultado electoral adverso que recibió el oficialismo en las PASO, el empresario sostuvo: “Nosotros siempre esperamos medidas de fondo, que puedan combatir la inflación y controlar las variables macroeconómicas. Vemos paliativos que van de atrás a lo que va pasando, pero se necesitan medidas que brinden más previsibilidad”.
A su vez, la entidad, en sus Delegaciones Rosario y Ciudad de Santa Fe, emitieron un comunicado en el que indicaron que los asociados a la Cámara son, en más de un 95 %, pequeñas y medianas empresas que “sufren, como todas las actividades de la producción, los efectos destructivos de la inflación”.
“En este contexto, rechazamos esta decisión de parte del Estado de establecer de forma arbitraria tanto montos como plazos para el pago de este bono, desvirtuando el normal desarrollo de las discusiones paritarias por sectores de acuerdo con la realidad de éstos”, recalcó.
Y subrayó: “Nuestras empresas han dado sobrada muestra del esfuerzo que vienen realizando desde el último trimestre del año anterior para no desvincular empleados y obreros, mantener los contratos y el empleo; y esta medida viene a poner en más riesgo aún la integridad de la mayoría de las empresas constructoras a las cuales se viene agotando el capital de trabajo comprometiendo su patrimonio”.
