Estibadores advierten

Cooperativa: evalúan paralizar puertos si la intervención no llama a elecciones

Tras los últimos reveses judiciales, el reciente fallo de la Cámara Federal fortaleció los derechos de los socios. En los pasillos de la Cooperativa trascendió que si Sorrequieta no formaliza el llamado a elecciones, desde el 12 de mayo corre riesgo el funcionamiento de los complejos portuarios.


Afirman que antes de irse, el interventor Roberto Pascualino fijó un plazo de 90 días para que se celebre el llamado a elecciones en la Cooperativa de Trabajos Portuarios. No obstante hay desconfianza entre los socios estibadores de que la nueva intervención de Daniel Sorrequieta anuncie lo que ansían los portuarios de la región: cuándo se iniciará el proceso comicial para que la Cooperativa sea conducida por la agrupación de asociados que se imponga en la contienda democrática.

En los pasillos de la Cooperativa advierten que si Sorrequieta no formaliza el llamado a elecciones, a partir del 12 de mayo corre riesgo el funcionamiento de los puertos en el Cordón Industrial. Ese miércoles se cumple el plazo de 90 días establecido por el interventor saliente para poner en marcha el proceso electivo. Transcurrieron 20 meses de intervención tras aquel procesamiento penal del otrora presidente de la institución Herme Juárez.

Aseguraron que los estibadores evalúan realizar medidas de fuerza y estarían dispuestos a paralizar las actividades en los complejos portuarios de la región en caso de no obtener respuestas favorables en torno al comienzo del proceso eleccionario. Y más ahora que la Cámara Federal de Rosario les dio la derecha y -en detrimento de las medidas resueltas por el juez federal Marcelo Bailaque- falló a favor de los socios de la Cooperativa, «que pugnan por el cese de la intervención y la investigación de las irregularidades cometidas», refiere un comunicado.

La reciente resolución de la Cámara Federal se suma a una anterior «que le permite a los trabajadores ser parte querellante en la causa penal para defender sus intereses». Desde la agrupación Miguel Ru comunicaron que se trata de «un paso importante en el objetivo de recuperar la cooperativa para sus legítimos propietarios».

Sostuvieron además que «las sucesivas intervenciones le han hecho y le siguen haciendo mucho daño al patrimonio de la Cooperativa y a nuestro derecho a conducirla. No hay justificación alguna para que personas que no conocen la actividad, manejen la Cooperativa y la lleven al estado ruinoso al que la están llevando».

«Queremos que nos devuelvan la Cooperativa lo más pronto posible. La Cooperativa no es una financiera. No queremos encontrar una entidad vacía por culpa de los interventores y del juez que viene haciéndose el distraído, dijo uno de los dirigentes», concluyeron en el comunicado.

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