El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe ordenó el llamado a declaración indagatoria del exdirector de la delegación Santa Fe de la ex AFIP, actual ARCA, Carlos Vaudagna, y de otras diez personas en el marco de una investigación por presuntos delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La decisión fue adoptada por el juez federal Aldo Alurralde, a pedido de los fiscales Walter Rodríguez, Roberto Salum, Diego Velasco y Juan Argibay Molina. La pesquisa está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe.
La maniobra investigada
La causa se centra en hechos ocurridos entre marzo y julio de 2017, cuando Vaudagna y el inspector Marcelo Bulacio, también imputado, habrían intervenido en una fiscalización tributaria para beneficiar a la empresa constructora Ricardo Mallozzi S.A.
Según la hipótesis fiscal, los funcionarios habrían realizado un ajuste impositivo menor al que correspondía por obligaciones tributarias incumplidas en los períodos 2013, 2014 y 2015, lo que habría generado un perjuicio al fisco nacional. A cambio, habrían recibido una contraprestación económica que, de acuerdo a la investigación, habría sido entregada por el abogado de la firma, identificado como P.R.G.
La maniobra salió a la luz tras el análisis de conversaciones de WhatsApp entre los involucrados, donde se habría delineado el plan para reducir el impacto de la fiscalización.
Pruebas y documentación
Entre los elementos valorados por la fiscalía figuran los múltiples ingresos del inspector a las plataformas digitales de la ex AFIP para consultar información de la empresa durante el período investigado, lo que evidenciaría un interés específico incompatible con sus funciones habituales.
También se incorporó documentación notarial presuntamente falsa, secuestrada en un allanamiento al escribano J.I.T. otro de los imputados, consistente en un contrato antedatado que habría sido utilizado para justificar aportes societarios y eludir ajustes fiscales. La investigación determinó, además, que la persona que figuraba como compradora en ese instrumento no tenía capacidad patrimonial suficiente para realizar la operación declarada.
Otro elemento clave es el informe final de inspección suscripto por Bulacio y otros funcionarios, cuyo contenido, según la acusación, se ajustaría al plan previamente acordado en los intercambios de mensajes.
Los fiscales también destacaron que Vaudagna reconoció estos hechos el 18 de marzo de 2025 al firmar un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Fiscal, en el marco de otra causa por corrupción que involucra al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque.
Más imputados y medidas
Además de Vaudagna, Bulacio y el abogado P.R.G., fueron citados a indagatoria socios de la empresa identificados como R.H.M., S.P., A.M., M.M.A., R.M., D.D.G. y F.I. y el escribano J.I.T.
Las once personas deberán declarar por videoconferencia entre marzo y abril próximos.
Como medidas de coerción, el juez dispuso el traslado de Bulacio quien continúa desempeñándose en ARCA a otra dependencia y le prohibió concurrir a las agencias de las Direcciones Regionales de Rosario y Santa Fe, así como mantener contacto con empleados o funcionarios de esas reparticiones. A todos los imputados se les prohibió salir del país sin autorización judicial y se les impuso la obligación de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación.
El magistrado rechazó, en tanto, el pedido de caución real solicitado por la fiscalía respecto del inspector.
