La delicada situación que atraviesa Celulosa Argentina ha tocado fondo en el plano operativo y humano. Durante una reciente audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la patronal expuso su crítica falta de liquidez y presentó una propuesta salarial que encendió todas las alarmas en el complejo de Capitán Bermúdez: el pago inmediato de solo el 30% de los salarios, dejando el 70% restante supeditado a la gestión de un crédito futuro.
El conflicto y el rechazo gremial
La propuesta empresarial incluía, además, una solicitud de conciliación obligatoria preventiva, buscando evitar que los trabajadores tomaran medidas de fuerza ante la falta de cobro de sus haberes completos. La respuesta de los referentes gremiales fue tajante: rechazo absoluto a la oferta.
El malestar no solo responde a la imposibilidad de cubrir los compromisos básicos de los trabajadores, sino que se vio potenciado por una denuncia cruzada. La empresa acusó a los operarios de realizar supuestos “sabotajes” en la maquinaria de la planta de Capitán Bermúdez, una acusación que los gremios negaron rotundamente, aumentando el clima de tensión en las negociaciones que hoy permanecen estancadas.
Un laberinto judicial y financiero
La crisis salarial es apenas la cara más visible de un derrumbe financiero que parece no tener techo. Recientemente, el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Primera Nominación de San Lorenzo tomó una decisión de alto impacto: modificar y extender el cronograma del concurso preventivo.
Debido a la magnitud del pasivo —estimado en más de u$s 140 millones al inicio del proceso— y la complejidad de los reclamos presentados por una lista interminable de bancos, proveedores, Estado y trabajadores, la sindicatura tendrá tiempo hasta el 30 de marzo de 2027 para presentar el informe individual que determinará la suerte de las acreencias. Mientras tanto, el próximo 10 de noviembre se espera un informe de avance sobre la revisión documental.
Cambio de mando e intervención de activos
El año pasado, la empresa atravesó un cambio de manos cuando CIMA Investments, encabezada por Esteban Nofal, tomó el control al adquirir el 45,5% de las acciones por un valor simbólico de un dólar, asumiendo una deuda financiera global superior a los u$s 128 millones.
Sin embargo, el intento de rescate se ha visto obstaculizado en múltiples frentes. Además de las dificultades para reactivar las plantas, la Justicia Comercial dispuso la intervención plena de Forestadora Tapebicuá S.A.U., empresa controlada por Celulosa y esencial para el abastecimiento de madera. La interventora designada, María Anahí Cordero, desplazó a la administración actual en un intento por resguardar los activos ante el complejo escenario de cesación de pagos y la caída del 30% en las ventas de la compañía.
Por el momento, la resolución del conflicto salarial depende de lo que dicte la cartera laboral provincial, mientras los trabajadores esperan cobrar la totalidad de sus haberes en un marco donde la previsibilidad, tanto financiera como productiva, brilla por su ausencia.
