En el complejo mapa logístico del Up River santafesino, la infraestructura ferroviaria destinada a abastecer las terminales portuarias de Timbúes se presenta hoy como un símbolo de la improvisación. La playa de maniobras impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo la órbita del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue vendida como la solución definitiva para el ingreso de trenes al sector agroexportador. Sin embargo, para quienes habitan el Cordón Industrial, la obra oculta un despropósito de seguridad que amenaza con asfixiar la movilidad urbana.
El conflicto de fondo es técnico pero sus consecuencias son cotidianas: debido a que las pendientes no fueron adecuadamente contempladas en el proyecto original, se descartó la construcción de un puente a desnivel sobre la Ruta Nacional 11 —la columna vertebral vial de la región—, optando por un cruce a nivel. Esta solución de bajo costo para el presupuesto nacional significa hoy una trampa mortal para el tránsito y un factor de inseguridad constante para los vecinos.
El reclamo de Oliveros: una advertencia ignorada
La problemática no es nueva ni aislada. Recientemente, desde la localidad de Oliveros se han multiplicado los reclamos de seguridad respecto a las vías que atraviesan la Ruta 11. Los vecinos y autoridades locales han denunciado que los problemas en los cruces se agravan día a día, con una respuesta estatal que, hasta el momento, ha sido nula.
La preocupación es compartida por todo el corredor: mientras el tráfico de formaciones ferroviarias de carga tiende a incrementarse por la creciente actividad portuaria, el Estado nacional mantiene una postura inflexible. Los pasos a nivel proliferan sin obras de ingeniería que permitan separar el tránsito urbano del pesado, complicando la vida de quienes residen, trabajan o circulan por las zonas portuarias.
La mirada desde Capital: “Los dólares primero, la vida después”
Para los expertos en logística de la región, la situación actual es el resultado de un diseño de políticas públicas elaborado desde escritorios en la Ciudad de Buenos Aires, donde la consigna parece ser siempre la misma: “Asegurame los dólares de la exportación, el bienestar y la seguridad de los que viven en el territorio no nos importa”.
El riesgo es tangible: si el tráfico ferroviario se incrementa a los niveles que la capacidad portuaria exige, el Cordón Industrial sufrirá una complejidad vial que podría superar incluso al histórico calvario de los camiones durante los picos de cosecha gruesa. La región, atada con alambres, se encuentra ante una encrucijada donde la eficiencia de las empresas exportadoras se contrapone directamente con la seguridad de miles de ciudadanos.
La pregunta que queda flotando es hasta cuándo los municipios deberán absorber el costo social y el peligro de una infraestructura ferroviaria que, lejos de ser un motor de desarrollo integrado, se ha convertido en una barrera divisoria que bloquea el crecimiento y la paz social de San Lorenzo y sus alrededores.
