La situación de Santa Fe y la colonización de las mafias no sorprenden a nadie. Es probable que las mayorías hagan foco en las cuestiones relacionadas con el delito de las calles y el crecimiento del narcotráfico o las bandas que extorsionan a comerciantes con el uso de la fuerza, pero hay muchas más bien disfrazadas.
La utilización del Poder Judicial para amedrentar y condicionar la libertad de expresión es uno de los flagelos que amenaza las democracias en todo el mundo. La mecánica delictual está tipificada con las siglas en inglés SLAPP (Strategic lawsuit against public participation) y se explica así: Es un pleito cuya intención es la intimidación y silenciamiento de los críticos, habitualmente periodistas, activistas, sindicalistas y oposición política, que pueden desistir de sus objetivos ante la presión jurídica, el elevado costo de su defensa legal, y por tanto, acaben abandonando su oposición o crítica y autocensurándose. Esto está generando preocupación en los diferentes foros de periodismo y es una alarma para el ejercicio ético de la profesión.
Este fin de semana en diferentes medios de comunicación me sorprendí con la publicación de notas que vinculaban mi nombre con el delito de extorsión, una figura penal muy grave y no excarcelable. Hago foco en este último punto porque es básicamente el eje central de la búsqueda caprichosa de la tipificación para que el amedrentamiento y condicionamiento duela de verdad. Curiosamente o no tanto, los medios publicaron una imputación de la cual yo hasta ese momento siquiera había sido informado por la Fiscalía interviniente en el caso, que es de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Las autoridades de los medios que publicaron sabrán por qué lo hacen y cuáles son los interesen que defienden para hacerlo, no cumpliendo con el más mínimo protocolo de ejercicio ético de esta valiosa e imprescindible profesión para la democracia.
La denuncia original y la imputación fueron revisadas por innumerables actores de la comunidad jurídica provincial y nacional. Concluyeron todos, sin excepción, en que nunca vieron un acto judicial más improcedente e insustentable que el emitido por la Unidad Fiscal de Instrucción N° 1 de San Nicolás.
No debemos acostumbrarnos y tenemos la obligación de seguir luchando para garantizar la construcción de regiones sanas que ayuden a garantizar el crecimiento y el desarrollo de las próximas generaciones. El Cordón Industrial de San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes está debatiendo en estos momentos su configuración para los próximos 20 años, por lo que perderlo de vista y no darle prioridad sería un grave error.
Cierro con una frase de Mario Vargas Llosa que, pese a la preocupación que me genera, comparto plenamente el concepto: “Está llegando la época en que la honorabilidad es la excepción”.
