En un movimiento político y administrativo de fuerte impacto regional, el intendente Carlos De Grandis decidió tomar las riendas de la infraestructura nacional que atraviesa su jurisdicción. El municipio de Puerto General San Martín invertirá más de 3.500 millones de pesos de sus propias arcas para realizar la reparación integral de los cuatro kilómetros de la Ruta Nacional 11 que cruzan la ciudad. Esta determinación surge como una respuesta directa ante el avanzado estado de deterioro de la calzada y la falta de respuestas por parte del Estado Nacional para garantizar la transitabilidad en una vía que resulta vital para el flujo del transporte pesado hacia las terminales portuarias.
El proceso administrativo avanzó formalmente este lunes 4 de mayo con el acto de apertura de sobres del concurso de precios. En esta instancia técnica y transparente, se presentaron cuatro empresas de primera línea cuyas ofertas económicas y planes de ejecución comenzarán a ser evaluados por las comisiones correspondientes. El proyecto cuenta con el respaldo institucional del Concejo Municipal, que autorizó mediante ordenanza la firma de un convenio de cooperación con el distrito santafesino de la Dirección Nacional de Vialidad para que el municipio pueda ejecutar las tareas sin invadir competencias federales de forma irregular.
Los trabajos proyectados no se limitarán a un bacheo superficial, sino que contemplan una intervención profunda diseñada en conjunto por técnicos municipales y de Vialidad Nacional. El plan de obra incluye el tratamiento de las bases del suelo para asegurar la durabilidad de la estructura, la reposición total de la capa asfáltica tanto en la calzada principal como en las dársenas de detención, y la señalización horizontal completa de toda la sección intervenida. Asimismo, se realizarán tareas complementarias de desmalezamiento, mantenimiento de desagües pluviales y la reposición de columnas de iluminación para mejorar sensiblemente la seguridad nocturna de la traza.
Bajo los términos del convenio a suscribir, el Estado municipal asumirá la totalidad de la contratación y el pago de los costos derivados de la obra, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad conservará la potestad de control y fiscalización sobre la realización técnica de los trabajos. Con esta inversión millonaria, Puerto General San Martín busca resolver un problema histórico de seguridad vial y logística que afecta diariamente a miles de trabajadores del Cordón Industrial y a los vecinos de la región, supliendo con gestión local los baches presupuestarios del nivel nacional.
